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Día: 7 de octubre de 2016 (página 1 de 1)

La transición es incuestionable para la fiscalía fascista

Madrigal les deja sin consuelo
En una orden interna, la Fiscal General del Estado español, Consuelo Madrigal, afirma que “el proceso político que siguió a la dictadura de Franco” es incuestionable, sobre todo si quien quiere cuestionarlo es una jueza argentina, como María Servini.

La historia no la escriben los pueblos, ni siquiera los historiadores, sino los leguleyos. Los libros de historia son como los libros de leyes: su contenido no se puede alterar. Por eso los pueblos antiguos las esculpían en piedra: para que nadie pudiera decir nada distinto.

La orden de Madrigal va dirigida a las fiscalías provinciales y les dice que deben oponerse a las declaraciones de los criminales fascistas a los que investiga la jueza Servini.

“La transición fue voluntad del pueblo español”, dice Madrigal y así debe seguir para siempre. No fue una voluntad contra el pueblo español, sino al revés. La policía franquista sólo aporreaba a los manifestantes que en la calle se oponían a la voluntad del pueblo español.

No hay que olvidar que el pueblo español tiene las leyes que quiere darse a sí mismo. Por ejemplo, no tiene una ley que prohíba el paro porque no la quiere, ni la necesita, y muy posiblemente porque ni siquiera hay paro.

El gobierno de Rajoy repite infatigable que hay que respetar las decisiones judiciales, pero en sus órdenes Madrigal dice lo contrario, posiblemente porque los jueces argentinos son un mierda en comparación con los españoles.

Los jueces españoles son apolíticos, pero no se puede decir lo mismo de los argentinos, que “persiguen intereses distintos a la justicia” y, además, inviables. Los fascistas no son los jueces españoles sino los argentinos, ya que han abierto una “causa general” como la que abrieron los franquistas contra el Frente Popular en 1939.

No les bastó ganar la guerra; quisieron hacer un simulacro de juicio porque ese tipo de circos siempre les han entusiasmado.

En su larga parrafada la jefa de los fiscales divaga sobre la ley de amnistía de 1977 y sobre la ley de la memoria histórica para justificarse. De lo que no dice nada es de que cuando les interesa se pasan esas y otras leyes por el forro.

Por ejemplo, entre un montón de bobadas Madrigal dice que los crímenes franquistas han prescrito. Sin embargo, como los crímenes contra la humanidad no prescriben, se le ocurre el argumento de que eso no se puede aplicar retroactivamente. Entonces, ¿cómo es posible que tanto la Audiencia Nacional como el Tribunal Supremo aplicaran retroactivamente la “doctrina Parot”?

Porque los fiscales y los jueces españoles no hacen justicia sino magia.

La infiltración policial en los movimientos sociales catalanes

El juzgado de instrucción número 2 de Barcelona ha admitido a trámite la querella presentada por el caso Estat Infiltrat de espionaje policial a los movimientos sociales catalanes.

La juez entiende que los hechos denunciados podrían ser constitutivos de un delito de coacciones y ordena esclarecerlos.

La primera diligencia ha sido la de identificar a los querellados a través de una orden dirigida a la Dirección de la Policía Nacional para confirmar la identidad de los querellados Daniel Sánchez Garcés y el agente Torres Méndez, quien podría ser el infiltrado Ignacio Moreno Ameribia.

El caso Estat Infiltrat estalló el 19 de abril de 2016, cuando se dieron a conocer unas grabaciones realizadas en la terraza de un bar de la Plaza de la Concòrdia de Barcelona. Dos individuos que se identificaban como “agentes de la seguridad del Estado” ofrecieron a un joven dinero y beneficios judiciales –a través de la Fiscalía– a cambio de información sobre las actividades de los centros sociales de Poble Sec, concretamente del Ateneu La Base.

La policía se interesaba, sobre todo, por informaciones relativas a la Operación Pandora, el montaje orquestado en torno a los grupos anarquistas, que sigue colgando de una nube judicial. De ahí las referencias de la policía a la complicidad del fiscal en la trama, que debe temer el ridículo de que la fanfarria se le venga abajo durante el juicio.

Por las informaciones la policía ofrecía al confidente un miserable sueldo fijo de 200 ó 300 euros al mes, más un plus en función de las informaciones suministradas.

Hasta ocho testigos identificaron a uno de los policías como “Jordi”, un antiguo inspector de la Brigada Provincial de Información de la Policía Nacional de Barcelona.

El Procés Embat ha denunciado que “en Catalunya se sigue persiguiendo a ciudadanos por sus ideas políticas”.

Estados Unidos negocia el regreso de los talibanes al gobierno de Afganistán

El presidente afgano Ashraf Ghani
En París el gobierno de Hollande negocia el futuro de Libia sin que ningún libio esté presente. En Bruselas el gobierno de Obama hace lo propio, pero con los propios talibanes. Lo ha llamado “Conferencia Afganistán 2016” y es continuación de negociaciones previas emprendidas en Berlín y anteriormente en Pakistán.

Que después de 13 años de brutal “guerra contra el terrorismo” y, en especial, contra los talibanes, Estados Unidos se siente a negociar con ellos, por encima del gobierno actual, resulta muy esclarecedor de un monumental fracaso. Por eso los medios de todo el mundo guardan un púdico silencio al respecto.

En Afganistán llegaron a desplegarse 140.000 soldados de la OTAN tras la invasión de 2003. Luego Bush gritó estúpidamente: “¡Misión cumplida!” y, como los hechos han puesto de manifiesto, ni había misión ni nunca cumplieron con nada. Obama había prometido sacar a sus tropas del país y después de iniciar el camino ha tenido que volver sobre sus pasos.

Ahora el plan de Washington es asociar al gobierno creado por ellos en Kabul a quienes más lo han combatido, para lo cual cuenta con Pakistán, celoso guardián de lo que unos y otros hablan en Bruselas.

Hay buenos motivos para ello. Aunque casi todas las fuentes coinciden en que la moderna historia de Afganistán, que es la historia de una guerra permanente, empezó en 1979 con la invasión soviética, el foco del problema siempre estuvo en Pakistán, un Estado que desde 1970 busca en el islam su identidad perdida y la exporta a su vecinos, empezando por la India.

En las conversaciones de paz con los talibanes no está Rusia, mientras que sí está presente Pakistán porque es donde empieza la guerra y donde debe acabar. Lo mismo que en Siria, en Afganistán nunca ha habido tampoco ninguna guerra “civil”. Los generales pakistaníes van y vienen entre Kabul e Islamabad en vuelos regulares con ofertas y propuestas metidas en los bolsillos del equipaje.

Los atentados, los coches bomba y los kamikazes son ya tan corrientes en Kabul que las agencias de prensa ni siquiera llevan la cuenta. El Presidente afgano, Ashraf Ghani, culpa de ellos a Pakistán, que ni se molesta en replicar.

Los atentados se suceden entre una conversación y otra, y las conversaciones tienen lugar entre un atentado y el siguiente. En Washington la mano invisible que mueve los hilos sólo se muestra como en Siria: si el guión así lo requiere.

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