La Constitución y el Código Laboral ucraniano, oficialmente muy protectores del asalariado, son poco respetados en la práctica. Los trabajadores, muy a menudo contratados en negro no pueden confiar más que en la magnanimidad de su empleador para obtener primas, adelantos, vacaciones y ayudas en caso de accidentes. Finalmente, un proyecto de ley destinado a reformar el Código laboral, ha visto la luz. Se apoya en la idea de que una simplificación de las condiciones de contratación y despidos permitirá sacar a la luz una parte de las relaciones laborales sumergida. Prevé principalmente
– disminución de las cargas sociales a la mitad
– despido sin consulta a los sindicatos
– plazos de preaviso en caso de despido y reducción de salarios a la mitad para empresas de menos del 50 empleados
– libertad de constitución de empleo del tiempo entre asalariados y empleadores
Ejerciendo la disminución de derechos, este proyecto de ley contradice abiertamente los derechos constitucionales. Tiene como meta atraer inversores disminuyendo drásticamente los costes laborales. Va en el sentido de la “desregularización de la economía” demandada por el FMI.
Con las sucesivas crisis no solamente bajan los salarios, sino también las condiciones de empleo, y con las mismas todo el sistema de protección social que descansaba en las empresas estatales en la época soviética. Las necesidades de liquidez de los hogares aumentan; tienen que comprar servicios que antes eran gratuitos, mientras que sus ingresos disminuyen.
El descenso de las ayudas sociales (ayuda de urgencia, maternidad, familiar…) duplica las necesidades de los hogares más pobres, para quienes estos ingresos sociales constituían una parte importante de sus ingresos. En 2015 la reducción de ayudas a la maternidad por ejemplo constituye, para muchas mujeres, una reducción a la mitad de sus ingresos personales y una pérdida de ganancia importante para las necesidades familiares. Las mujeres, que están casi siempre a cargo de su hogar y de la producción doméstica, son las primeras en sufrir esa necesidad.
Para la familia Sharshuk, el acceso a los bancos y a los préstamos formales a un mejor interés no está disponible. En el verano de 2014, Pavel y Lyuba buscaron un préstamo para regularizar la deuda que se les hacia insoportable. Pero vieron rechazada esa posibilidad debido a la falta de ingresos declarados. Por otro lado nunca han tenido cuentas en bancos. Esto se acompaña de prácticas agresivas por parte de los bancos, sobre todo hacia los pequeños clientes, más pobres y con menos recursos para defenderse.
En Ucrania la confianza en el sistema bancario es muy débil, lo que se explica a la vez por la situación económica y por el funcionamiento del sistema bancario. Muchas personas perdieron sus ahorros durante la crisis inflacionista de principios de los años 90 y durante la crisis monetaria rusa de 1998.
Bajo la URSS el ahorro era obligatorio: una parte del salario se giraba a una libreta, a falta de poder ser entregada directamente a los trabajadores. A principios de los años 90 el aumento de los precios y la devaluación de la moneda redujeron a la nada los recursos acumulados en el transcurso de vidas enteras. El suceso es de tal amplitud que la compensación de estas pérdidas todavía es un argumento de campaña en los años 2000. Estos precedentes, y la inestabilidad de la moneda nacional ante el dólar, no contribuyen a estimular la confianza hacia el sistema bancario.
Si se ahorra es en dólares. Pero la mayoría de las veces los ingresos monetarios son almacenados en casa en forma de billetes verdes, comprados en el mercado negro. La compra de bienes de consumo duradero son el mejor medio de no perder el dinero ganado.
A ello se añade la dependencia de los capitales extranjeros y la débil regulación del sistema bancario ucraniano. La liberalización de los mercados financieros a partir de 2004 permitió un fuerte crecimiento del ese sistema, aprovechando la afluencia de capital exterior. Esta dependencia del exterior, especialmente notable en el periodo de crecimiento, se convirtió en una debilidad ante la crisis económica de 2008.
Esta crisis llevó a Ucrania a un nuevo endeudamiento con el FMI para salvar su sistema bancario. La primer ministro Julia Timochenko contrató un crédito de 16.000 millones de dólares en 2009 (a un tipo del 2 por ciento y a reembolsar antes de 2014) incluyendo un plan de restablecimiento del sistema bancario. Incluía una disminución de los gastos públicos y la congelación de salarios en la función pública para limitar la deuda del Estado. Para limitar la inflación también preveía la no revalorización de salario mínimo durante dos años. El sistema de regulación de las cuentas de los bancos comerciales depende del Banco Nacional de Ucrania, que suscita regularmente dudas en cuanto a su funcionamiento. Los débiles salarios de los empleados del BNU podrían explicar los esquemas de corrupción en torno al control de las cuentas.
Desde 2014 se han atenuado las reglas referentes a las reservas monetarias y la actividad financiera de los bancos. A finales de 2014 se estableció una moratoria de inspecciones de los establecimientos bancarios y renovada hasta 2015, lo que limita mucho la capacidad de control de las actividades bancarias por parte de los poderes públicos. Las reformas y las prácticas sobre las que se basa la regulación del sistema bancario no se atienen directamente a los programas y a las recomendaciones del FMI y de la Unión Europea. Se basan más bien en acuerdos privados en los poseedores de activos, en un sector casi totalmente en manos de los oligarcas y del que se retiraron numerosos grupos internacionales después de 2009.
Pero la desconfianza no se detiene en la mala salud económica del sistema bancario, sino también en su mala regulación y en las prácticas bancarias para con los clientes. Las relaciones comerciales entre bancos y clientes no surgen de la regulación del sistema bancario sino de la reglamentación de las relaciones mercantiles. Pero estas últimas están en realidad muy poco definidas en Ucrania y también están afectadas por la moratoria antes citada.
El desarrollo del mercado bancario depende esencialmente de la confianza de los potenciales ahorradores. Para desarrollar el sistema bancario y por ejemplo el mercado de la tarjeta de crédito, pese a la falta de confianza de los clientes, se han puesto en marcha diferentes estrategias: la colaboración entre empresas y bancos para el pago de los salarios, o el contrato con el Estado para que las asignaciones lleguen a una cuenta de la que la persona pueda disponer a voluntad. Estas medidas deberían animar a los ucranianos a hacerse clientes de los bancos. Pese a un importante aumento en los años 2000, el porcentaje de bancarización es relativamente débil con relación a los países vecinos. Varía entre el 35 y el 45 por ciento según las fuentes. Si la cooperación entre administraciones, empresas y bancos parece funcionar para que los nuevos clientes abran cuentas, no permite mantener a la clientela que, por la naturaleza de sus ingresos y sus modos de subsistencia se encuentra lejos del sistema bancario. La relación con estos nuevos pequeños clientes es particularmente tensa. En los pueblos son muchos los clientes que declaran haber sido engañados por los bancos.
En la familia Sharshuk, los jóvenes tienen o han tenido una tarjeta y una cuenta bancaria durante sus estudios para recibir las becas del Estado. Olya tuvo también una tarjeta de crédito en el nacimiento de su primera hija para recibir las ayudas del Estado. Según Olya, la posibilidad de recibir las ayudas de maternidad en una cuenta bancaria le permitía evitar el cobro a través de correo. Pasar por el correo tenía la desventaja de ser más lento.
Olya sospechaba también que los carteros se aprovechaban. Más verosímilmente, este uso de la tarjeta bancaria y la autonomía que proporcionaba sea más apreciado que el hecho de recibir ayudas es algo a menudo objeto de discusión sobre su valor y su empleo. Para Olya es un tema de prestigio en su hogar y en su grado de independencia respecto a las ayudas. Las carteras, mujeres del pueblo que no forman parte de su círculo de amistades, podían haber utilizado datos sobre las ayudas que recibía y sobre su alojamiento, en donde ellas se presentaban para hacer entrega del dinero.
Las cosas se complicaron para Olya y Viktor en el momento de ir a cerrar la cuenta tras el final de su baja maternal. Tres años después de este cierre recibieron un aviso, detallando que todavía mantienen una deuda a favor del banco de unos 500 uah con sus intereses por una supuesta suma inicial no pagada de algunos kopeks. Sorprendidos por esta petición, ya que pensaban haber cerrado la cuenta, Olya y Viktor aceptaron pagarla. Tienen miedo de las represalias (pérdida de su alojamiento, enrolamiento de Viktor en el ejército). Aparte del carácter realista o no de estos temores, esta experiencia refuerza su desconfianza respecto al sistema bancario.
La repetición de estas experiencias entre las personas con que me encuentro sugiere prácticas agresivas por parte de los bancos privados hacia una clientela que se les va y que puede ser asaltada. La ignorancia y la desconfianza de los arcanos jurídicos y administrativos de Olya y Viktor les impiden resistirse a esta demanda de pago por parte del banco. Están obligados a pedir prestado a un amigo cercano para pagar la deuda.
El conjunto de estos factores permite situar el endeudamiento de la familia Sharshuk en un contexto mucho más amplio: el de la deuda del Estado ucraniano y las exigencias de sus acreedores, poco adaptados al funcionamiento actual del sistema político y administrativo de Ucrania. Las reformas neoliberales que van unidas a las concesiones de crédito al gobierno (privatización, rebaja de las ayudas sociales, disminución de los gastos del Estado), gravitan sobre todo sobre los hogares mas precarios, los que no conocen más que raramente situaciones de empleo estable y declarado, los que a menudo recurrían a los servicios del estado, y para quienes las ayudas sociales por pequeñas que fueran eran una parte importante de los ingresos. Por otro lado estas personas son las más susceptibles de caer enfermas y tener gastos de salud importantes, por sus condiciones de vida y de trabajo.
Pese a la ausencia de ingresos, los Sharshuk se ven obligados a devolver los intereses cada mes. De ello depende la reputación de su propia familia. El acreedor es una amistad del hermano de Lyuba, que es el único que mantiene contacto con aquel, quien se encarga de la devolución, y a quien no se debe poner en una situación incómoda. El endeudamiento es mucho más que una cuestión material. Las circunstancias de la devolución, como las de la recepción de las ayudas para Olya, comprometen la reputación y la confianza concedidas a la familia y, en su seno, a cada uno de sus miembros. En ausencia de un marco legal, estas relaciones personales entre deudor y acreedores, a las que se añaden aquí relaciones de parentesco, aseguran al acreedor el reembolso y el pago de los vencimientos, pese a la suma exorbitante respecto a los recursos de la familia.
Hoy, Ucrania se ve comprometida en un conflicto militar. Eso implica una movilización de recursos a escala nacional y una rebaja de los gastos en otros sectores. También justifica las rebajas en los presupuestos locales y las reformas de los servicios administrativos. Localmente, esta movilización pesa especialmente los la mano de obra precaria. Se añade a los argumentos de la administración contra las personas que reciben ayudas.
En la familia Sharshuk, Viktor, retrasado en el pago de la pensión alimenticia que debe a su ex mujer, carente de medios, se ve contestado por los servicios sociales por el hecho de que el Estado tiene necesidad de dinero para “defender a la patria”. Ese discurso es más acusador en tanto que Viktor está en el paro, y podría, a los ojos de la administración, alistarse en el ejército. Corren rumores en el pueblo sobre hombres enrolados a la fuerza o a pesar de incapacidades físicas, y designados como voluntarios tras haber sido identificados, por estar sin empleo tras una visita a los servicios sociales (sería el caso del suegro de Olya) o en un control de carretera por una infracción. Aunque sea difícil probar estas relaciones entre los servicios de reclutamiento y los servicios sociales o de policía, las dificultades en encontrar un marco legal a esta movilización militar y los relatos de escándalos en las sucesivas tandas de movilización invitar a creer en lo que se dice en los pueblos.
El análisis de los orígenes de los soldados muertos en el frente sugiere un reclutamiento más intenso en áreas rurales, sobre personas con menor formación y más pobres. La guerra y la política militar llevan a su máximo la estigmatización de los trabajadores pobres y aprietan la presión financiera sobre los hogares más frágiles. Viktor, de nuevo, pide prestado dinero para pagar la pensión alimenticia que debe a su ex mujer, y poder pagar al policía a cargo de su expediente, para evitar otras consecuencias.
