No se preocupen: es lo mismo. Los mercenarios se cambiaron el nombre a causa de las protestas por los continuos crímenes cometidos, el último de ellos cuando el mes pasado fueron condenados cuatro pistoleros de la empresa por un juez federal de Estados Unidos a largas penas de cárcel por un tiroteo que en 2007 acabó con la vida de 14 civiles iraquíes en Bagdad.
En una sesión celebrada en un tribunal de Washington, el juez Royce C. Lamberth determinó que actuaron sin justificación y sentenció a cadena perpetua a Nicholas A. Slatten, un antiguo francotirador del Ejército estadounidense acusado de asesinato por efectuar los primeros disparos mortales en el suceso.
El resto de procesados, vigilantes de seguridad armados de Blackwater, -Paul A. Slough, Evan S. Liberty y Dustin L. Heard- fueron condenados a 30 años de prisión cada uno, acusados de homicidio. En el momento de la masacre, a los cuatro años del inicio de la guerra de Irak, Blackwater tenía un contrato con el gobierno de Estados Unidos por más de 1.000 millones de dólares.
Los cuatro hombres ya fueron declarados culpables por un jurado federal el pasado octubre, aunque sus abogados apelaron, de manera infructuosa, contra el veredicto a fin de rebajar las penas. El caso se ha visto además rodeado por el debate en torno a los mercenarios que trabajan para el gobierno de Washington en las zonas de agresión.
En Irak existía un “ambiente lleno de negligencias” en que los agentes de Blackwater se sentían “por encima de la ley”, según un informe del Departamento de Estado elaborado un mes antes del suceso. Entonces había en Irak y Afganistán más mercenarios -hasta 95.000 y 112.000 respectivamente- que soldados estadounidenses, según datos oficiales.
Los condenados, cuyos servicios contrató el gobierno estadounidense para “ofrecer seguridad” a sus funcionarios en Irak, protagonizaron los hechos ocurridos en la plaza Nisour, en el centro de Bagdad, en septiembre de 2007. Los cuatro dispararon contra los transeúntes en la plaza durante una operación con el fin de despejar el camino para el paso de un convoy del Departamento de Estado. Como consecuencia del tiroteo, 14 iraquíes resultaron muertos y 18 más heridos.
El caso obligó a revisar la relación del gobierno estadounidense con las empresas de mercenarios que, ante las críticas recibidas por sus numerosos crímenes y su vinculación a otros casos de exportación de armas ilegales, cambió de nombre hasta en dos ocasiones desde entonces: primero Xe, y luego Academi.
Entre 2002 y 2012 Blackwater recibió millones de dólares en contratos privados del gobierno para proteger convoyes, edificios, instalaciones militares y funcionarios de países atacados por Estados Unidos.
Además, han surgido contratistas más pequeños y entre los clientes, ya no hay principalmente gobiernos. También ONG, empresas energéticas y de transporte. Las empresas de vigilancia son más baratas y en ocasiones más fiables y experimentados que un Ejército regular y, sobre todo, más invisibles: tienen que dar menos explicaciones, llevan a cabo actividades arriesgadas y sus muertes afectan menos a la opinión pública, que se alegra de quienes mueren por dinero.
El apoyo logístico al saqueo de materias primas en África es una de las actividades de Frontier Services Group, cuyo presidente es Erik Prince, que en 1997 fundó Blackwater. Prince, de 45 años, fue miembro del cuerpo de élite del ejército de Estados Unidos y generoso donante del Partido Republicano. Convirtió a Blackwater en la compañía de seguridad privada más poderosa y en una pieza clave del engranaje militar del gobierno de Bush: protegía a sus diplomáticos en el extranjero e integraba operaciones de la CIA.
En 2010 Prince vendió el negocio que cambió de nombre y en junio del año pasado se fusionó con la multinacional Constellis Group. De esa manera volvieron a la actualidad con otro nombre: actualmente vuelven a estar subcontratados por Estados Unidos en Irak. Los mismos perros con otros collares.
