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Día: 3 de mayo de 2015 (página 1 de 1)

Podemos es un partido fascista

Podemos en acción
En cuanto les aprietan las clavijas los caciques de Podemos siguen tirando balones fuera. Es el colmo de un partido insulso que ha hecho del oportunismo su seña de identidad. No son capaces de pronunciarse con una mínima claridad sobre nada porque no tienen nada (nuevo) que ofrecer.

No son de izquierdas ni de derechas, ni chicha ni limoná. ¿Centristas? ¿Realmente en Podemos están empeñados en okupar la centralidad del tablero o la centralidad del fascismo?

No son ni monárquicos ni republicanos, sino todo lo contrario. No es una cuestión prioritaria (para ellos) porque ellos carecen hasta de prioridades.

Dicen que el «modelo territorial» (o sea, el derecho de las nacionalidades oprimidas a la autodeterminación) tampoco es algo importante (o sea, no es importante para los opresores, pero suponemos que será algo diferente para los oprimidos). No dicen nada al respecto, por lo que nos tememos lo peor.

El diario “El Mundo” ha desvelado que han celebrado debates internos sobre la manera de hacer tragar con la bandera fascista a sus afiliados y votantes. Nada nuevo. Ya lo hizo en PCE en 1977 y luego tuvo que volver sobre sus pasos, cambiando otra vez de bandera. Los oportunistas siempre se venden por un plato de lentejas. ¿Se acuerdan Ustedes de que hasta hace un tiempo existió algo llamado PCE? Es historia, como será Podemos dentro de poco.

Los capataces de Pablo Iglesias quieren acostumbrarnos a la simbología franquista. Ya ha habido varios intentos significativos en esa línea, como el de afiliar a los dirigentes de la policía, o incorporarles a las listas electorales, o hacer llamamientos en pro del ejército y sus aventuras imperiales.

A Podemos le pasará como al fascista de Barrionuevo cuando el PSOE le nombró ministro del Interior en 1982: acabarán “descubriendo” a la Guardia Civil. Es más: puestos a descubrir es posible que acaben descubriendo también a los GAL.

En su intento por recuperar la parafernalia fascista, Podemos también quiere hacer tragar la palabra “patria”, que el mequetrefe de Pablo Iglesias cada vez utiliza con más frecuencia en sus monsergas. La palabrería fascista se les ha quedado pegada al paladar.

El lunes el secretario de relaciones con la sociedad civil de Podemos, Rafael Mayoral, negó que dentro del tinglado se estuviera dando un debate sobre la bandera fascista, pero a raíz de la publicación de la noticia, ha habido algunas reacciones en “Plaza Podemos”, el foro abierto de internet en el que participan los secuaces de este engendro político.

Muchos comentarios volvían con la misma letanía de no pronunciarse sobre nada: “este debate es secundario”, dicen, y como argumento aportaban esa estupidez de que “las banderas no dan de comer”. Se equivocan: desde 1939 la bandera fascista ha llenado los bolsillos de muchos capitalistas y vaciado los de los republicanos, obligados a trabajar como esclavos para los anteriores.

Los demás comentaristas tampoco es que fueran especialmente agudos en sus observaciones. Aplaudían la supuesta decisión de “normalizar” el uso de la bandera fascista que quieren hacer pasar como si fuera la bandera española. Pues eso: lo más “normal” es que los fascistas impongan su bandera como si fuera la de los demás, e incluso la de “todos”.

No tengan Ustedes prisa: dentro de poco en Podemos el debate tendrá como objetivo “normalizar” que el escudo de la bandera fascista sea el del aguilucho. Y así sucesivamente. Todo es de lo más normal.

13.000 detenidos por corrupción en dos años

Según el director general de la Policía, Ignacio Cosidó, de 2012 a 2014 la policía ha detenido a 13.000 corruptos, sumando el saqueo económico de todos ellos la escalofriante cifra de 3.000 millones de euros. En la estadística no se cuentan los desfalcos de los delincuentes que, como Rodrigo Rato, no han sido detenidos.

El director general de la Policía expuso las estadísticas en la inauguración de un seminario en Sevilla sobre «La lucha contra la delincuencia económica en un mundo global», en el que sobre todo asistieron miembros de la Policía Nacional. El secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, también interveno en la inauguración.

A pesar de la separación de poderes, estaban presentes los habituales en ese tipo de saraos, como el magistrado de la Audiencia Nacional Eloy Velasco y el fiscal Anticorrupción de Sevilla, Fernando Soto, además de otros jueces y fiscales.

Cosidó añadió que en esos dos años se han bloqueado más de 1.700 cuentas bancarias, se han confiscado 750 inmuebles y 28 millones de euros han quedado incautados en efectivo.

El director de la Policía destacó que casi el 40 por ciento de todas las investigaciones activas en 2014 por delitos económicos estaba relacionada con el blanqueo de capitales.

Desde 2012 a 2014 se contabilizan unas 5.000 investigaciones abiertas relacionadas con delitos económicos y de corrupción y más de 30.000 personas investigadas, de las que una cuarta parte se concentran en Andalucía.

En esos dos años se ha duplicado el número de capitalistas y empresas involucradas en delitos económicos, hasta sumar más de 15.000.

En los últimos tres años se han iniciado 200 investigaciones por delitos de corrupción, principalmente por cohecho, malversación, prevaricación administrativa y tráfico de influencias.

En el primer trimestre de 2015 se han iniciado en España 22 investigaciones por corrupción, un 57 por ciento más que en el mismo período del año anterior, y hasta la fecha hay activas 117, de las que una cuarta parte están relacionadas con Andalucía.

El resultado de estas investigaciones es un balance de más de 800 detenidos entre 2012 y 2014 por delitos de corrupción, y la cifra se eleva a más de 250 entre enero y marzo de este año.

Policías y guardias se entrenan para imponer la ley mordaza

Antes de que el próximo 1 de julio entre en vigor, los policías nacionales, guardias civiles, policías autonómicos y policías locales serán adecuadamente entrenados para imponer las novedades que introduce la nueva Ley de Seguridad Ciudadana en materia de detenciones, cacheos y estancias en los calabozos.

La nueva ley establece que el traslado y estancia en comisaría no podrá superar las seis horas y será certificado mediante un «volante acreditativo».

Los cursillos a los policías se impartirán en línea y una legión de 300 profesores y delegados de “formación” territoriales y provinciales de las diferentes policías, así como funcionarios de delegaciones y subdelegaciones de Gobierno recibirán cursos de dos días durante el mes de mayo para trasladar luego esos conocimientos.

Habrá miembros de Policía Nacional y Guardia Civil, de todas las policías autonómicas y de 27 policías locales.

Los cursos los impartirán “expertos” de Policía Nacional, Guardia Civil, de la judicatura y de la Abogacía del Estado, así como de la Secretaría General Técnica y del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

A la formación que los entrenadores trasladen directamente a los policías se sumará la publicación de un cursillo en línea en las páginas web internas de la Policía Nacional, la Guardia Civil, de las policías autonómicas y también de las locales que lo soliciten, de modo que se garantice una “formación” a la que califican de “universal”.

El Ministerio del Interior prepara también cursillos similares sobre el nuevo Código Penal y algunos sindicatos policiales ya habían comenzado a dar cursos y entrenar a sus afiliados en las nuevas normas represivas.

Javier Estévez,  portavoz del sindicato mayoritario de la policía, el Sindicato Unificado de Policía, se ha felicitado por el anuncio de que se entrenarán sobre una materia «tan importante», pero ha advertido de que «habrá que ver el alcance» de la misma, y ha asegurado que el SUP «dará cursos mientras exista demanda».

Desde la Confederación Española de Policía, su secretario general, Antonio Labrado, ha valorado una iniciativa con la que ellos contaban porque es cometido de la Administración, y ha anunciado que el sindicato ya ha enviado a afiliados de toda España 25.000 ejemplares de bolsillo de la nueva Ley de Seguridad Ciudadana.

Esta iniciativa ha tenido gran aceptación entre los policías, al igual que el primer curso en línea que oferta la Confederación Española de Policía sobre la nueva norma represiva, cuyas 500 plazas se agotaron en menos de 24 horas, por lo que sacarán más.

El portavoz de la Unión Federal de Policía, Serafín Giraldo, ha precisado que el sindicato ya había convocado cursos en línea sobre las dos nuevas normas represivas.

En la misma línea, el sindicato de policías antidisturbios Unión Nacional por la Intervención Policial y Especialidades valora muy positivamente que se asegure a los antidisturbios una formación «y no llegue el día y no se tengan conocimientos, porque eso generaría indefensión».

En Guardia Civil son mucho más críticos. La Asociación Unificada de la Guardia Civil, mayoritaria en la Benemérita, duda de que el entrenamiento llegue a tiempo «porque el Gobierno tiene credibilidad cero». Así lo ha asegurado su portavoz, Juan Antonio Delgado, que cree que se tenía que haber elaborado un plan de formación, en lugar de «reaccionar a golpe de denuncias», y de paso recuerda la situación de los guardias civiles implicados en la matanza de El Tarajal.

El secretario general de la Unión de Guardias Civiles, Ramón Rodríguez, ha valorado que se quiera formar a todos los agentes, aunque desconfía de que se lleve a la práctica porque «la Administración suele llegar tarde y no para todos».

La duda es obvia: ¿se estarán entrenando los manifestantes en la misma medida? Los perturbadores del orden público deberían hacer lo mismo que la policía: crear un sindicato que les asesore en las nuevas leyes.

El PP se reúne en una cueva con detectives privados

El Superagente 86
La reunión del miércoles fue tan clandestina que se celebró en un sótano. A un lado de la mesa se sentaron dos senadores del PP y enfrente 30 detectives privados. Pero el lugar no era tan lúgubre como parece. Se trataba del comedor reservado del restaurante La Montaña de Madrid.

La cena había sido convocada por los detectives privados, alarmados por una enmienda al proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana que estos días se está tratando en el Senado. El resultado de la comida fue satisfactorio tanto para el PP como para los sabuesos.

La Ley de Seguridad Ciudadana regula algo que ha pasado inadvertido entre las polémicas por las sanciones por insultos a España o los agentes de policía. En el marco de los últimos escándalos por espionaje político protagonizados por la agencia Método 3, las actividades de los detectives privados se han puesto en la lupa de la nueva ley.

En el tramo final del procedimiento los detectives se encontraron con la llegada de una enmienda del PNV que les afecta y tiene todos los visos de triunfar, relacionada con la información a la policía de los contratos que firmen con sus clientes.

Los senadores del PP encargados de esta ley son Santiago López Valdivielso (antiguo director general de la Guardia Civil con el Gobierno Aznar) y Luis Aznar, portavoz de Interior del PP en la Cámara Alta. Pero no es seguro que fueran ellos quienes estuvieron presentes en la cena de la cueva.

Lo que sí es cierto es que el PP aseguró a los detectives privados que el Gobierno tiene interés en tener una buena relación con el PNV de cara al futuro.

El PNV quiere integrar a Ertzaintza y Mossos dentro de la Inteligencia Contraterrorista

En el Parlamento europeo la eurodiputada del PNV Izaskun Bilbao Barandika ha lamentado «la negativa del Gobierno español a permitir acceso directo» de la Ertzaintza y Mossos d’Esquadra a las bases de datos del sistema Schengen.

La eurodiputada nacionalista asegura que Europa destaca «la coordinación como base de la respuesta europea contra el terrorismo internacional» y considera que esta decisión priva a la inteligencia europea «de oídos y ojos en esos territorios porque España prioriza su concepto de Estado y seguridad nacional antiguo y trasnochado sobre la coordinación».

En alusión a ETA, Bilbao ha afirmado que la negativa del Gobierno español «entorpeció la lucha contra otro terrorismo afortunadamente desaparecido y se ha empleado para limitar la operatividad y desacreditar el trabajo de las fuerzas policiales marginadas por esta decisión».

En su intervención, la eurodiputada del PNV ha recordado que las Policías vasca y catalana «tienen asignada la seguridad de diez millones de europeos». «Mossos de Esquadra y Ertzaintza son los ojos y los oídos de la inteligencia europea en esos territorios y quieren aportar y recibir datos».

Bilbao ha anunciado más iniciativas en el Parlamento Europeo para conseguir que el Estado español «sea coherente con las bases que las instituciones comunitarias consideran necesarias para construir una verdadera inteligencia europea».

En esa línea ha informado que el pasado 23 de abril, al día siguiente de que se produjese en sede parlamentaria la negativa de Rajoy, informó de esta actitud a la Comisión Europea, «destacando que levanta obstáculos artificiales que ralentizan la comunicación de informaciones vitales y propicia que puedan administrarse desde el Gobierno estatal datos básicos para la seguridad de los agentes y su eficacia en el trabajo de protección de la ciudadanía que tienen legalmente asignado».

Asimismo, cree que «perjudica la aportación por parte de estas Policías de datos de interés para estos archivos europeos por motivos que topan frontalmente con el carácter global, general y permanente de la amenaza que plantea el terrorismo internacional».

Por ello el PNV quiere saber si Bruselas considera «coherente esta negativa con las propuestas de mayor y mejor coordinación entre todas las policías con competencias en materia de investigación criminal aparecen en todas las conclusiones sobre la respuesta que debe ofrecer Europa a la amenaza del terrorismo internacional».

Los nacionalistas aluden a «los problemas que en el pasado ha generado esta decisión en la lucha contra ETA y preguntan sobre los mecanismos a que pueden recurrir a nivel europeo las organizaciones marginadas por estas decisiones para mejorar su eficacia».

5 policías acusados de violar a las extranjeras en el CIE de Málaga

El viernes la Audiencia Provincial de Málaga dejó visto para sentencia el juicio contra cinco policías nacionales acusados de violar a varias mujeres en el Centro de Internamiento de Extranjeros de la ciudad. Las partes defendieron sus conclusiones finales.

La sesión comenzó con la lectura de las declaraciones de varias mujeres extranjeras que declararon como testigos protegidas, tomadas al principio de la instrucción. Tras esto, tanto las acusaciones como las defensas presentaron sus conclusiones definitivas.

Es el final de un largo juicio que se inició en octubre de 2013. Desde entonces han declarado los acusados, investigadores y algunas testigos. Además, la Audiencia Provincial ha intentado en varias ocasiones localizar a algunas de las mujeres internadas, víctimas de las violaciones, que son de diferentes nacionalidades.

Los hechos investigados sucedieron entre junio y julio de 2006. El fiscal pidió inicialmente en total 27 años de prisión para los cinco policías. Según su escrito provisional, los acusados organizaron en el Centro de Internamiento de Extranjeros en los turnos de trabajo de madrugada «cenas fuera de las habitaciones con las internas en las que bebían bebidas alcohólicas que facilitaban los policías».

Asimismo, el fiscal asegura en su escrito que «se intimaba con las internas, a las que se les invitaba a asistir a cambio de comida, bebida, tabaco, regalos o usar el móvil», al tiempo que se indica que se creaba un «ambiente relajado de disciplina» que «los procesados buscaban para luego, si llegaba el caso, satisfacer su ánimo libidinoso con las internas».

En este ambiente, señala el ministerio público, en algunas ocasiones las fiestas acabaron en relaciones sexuales. Se considera que los acusados actuaron «prevaliéndose de su condición de policía» y se pone de manifiesto que se ha acreditado la existencia de ocho violaciones.

Los policías se dirigieron a las mujeres internadas y «se les insinuaron sexualmente», con caricias, rechazando siempre éstas la situación, según se precisa en el escrito del fiscal. Otras veces, llegaron a violar a mujeres que dieron «su consentimiento por la condición de autoridad» de los policías.

La Fiscalía de Málaga acusa a los procesados de delitos de violación, en dos de los casos con acceso carnal, y solicita para ellos diferentes penas de prisión, según la participación que tuvieron en los hechos, que oscilan entre los dos y los 10 años de cárcel.

Además del fiscal hay otras acusaciones, dos que representan a varias de las víctimas y la del colectivo Andalucía Acoge.

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