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Día: 25 de enero de 2015 (página 1 de 1)

Rajoy en compañía de un mafioso italiano miembro del PP

Rajoy en compañía del mafioso italiano
Un mafioso italiano, Domenico Di Giorgio, abogado de profesión, se presentó en 2011 a las elecciones municipales en las listas del PP del municipio tinerfeño de Adeje, donde llevaba años viviendo. Era el número cuatro y se fotografió en compañía de Mariano Rajoy. Poco después fue detenido en el marco de la Operación Pozzaro desplegada en Canarias, que se saldó con 13 detenidos del clan Nuvoletta.
Once de ellos eran italianos, mientras que los otros dos tenían la nacionalidad británica y marroquí. El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco les acusó de blanqueo de capitales e integración en organización criminal, tenencia ilícita de armas y falsedad en documento mercantil.
La Camorra llegó a organizar una convención del PP en el complejo «Marina Palace», que era el eje de los negocios mafiosos en Tenerife.
El PP solo logró dos concejales en el Ayuntamiento de Adeje, Andrés Montiel y Juan Antonio Hernández de León, por lo que di Giorgio habría quedado fuera del Ayuntamiento. El abogado italiano se encargaba en la trama mafiosa desarticulada de un puesto destacado. 
Las intervenciones telefónicas atestiguan que los clanes de La Camorra napolitana establecidos en España ya han comenzado a controlar personalmente puntos de venta de droga y tratan de adentrarse en la política municipal para potenciar sus ramificaciones e impulsar sus negocios.
Al no conseguir su objetivo, De Giorgio perdió jerarquía en la dirección mafiosa. Casi le dieron la espalda. Los jefes lo veían como un medio útil. Aunque estaba bien relacionado con los políticos locales del PP y además era abogado, no le salió la jugada.
En Tenerife La Camorra blanqueaba millones de euros a través de la especulación inmobiliaria, la venta de barcos y el ocio, abriendo desde restaurantes hasta un reciente prostíbulo, bautizado como «Bugatti».
El entramado societario alcanzaba a una treintena de empresas, al frente de las cuales estaba el viejo camorrista Giuseppe Felaco, que se había retirado a gestionar patrimonio a Tenerife para los clanes napolitanos.
La mafia también operaba en Málaga, Cádiz y Tarragona donde les intervinieron 27 coches de lujo y 263 cuentas bancarias. También fue detenido el director de una sucursal del Banco de Sabadell.
Fue una de las mayores operaciones contra La Camorra italiana que se ha llevado a cabo en España y de las primeras veces en las que no solo se detiene a miembros de la mafia, sino a personas dedicadas al blanqueo de capitales de actividades delictivas.

Comida rápida para el intelecto

Juan Manuel Olarieta

El comentario de Allain Jules sobre el intento del gobierno francés de enterrar a los terroristas del 7 de enero en África (1) es inusualmente lúcido, empezando por su constatación del absoluto silencio mediático al respecto y siguiendo por la opinión «formateada» de los periodistas, para quienes África está ahí abajo sólo para servir a Francia.
Me encanta que califique a los periodistas de trileros («maquignons») pero, sobre todo, me he reído a carcajadas cuando pone el ejemplo del ex-presidente Nicolás Sarkozy, cuyos padres son húngaros: ¿le enterrarán por ello en Hungría? En Europa el racismo se ha convertido en algo obsesivo-compulsivo. Hasta los cadáveres tienen pasaporte. Los racistas te persiguen durante toda tu vida y luego más allá de la muerte. Como Darwin dijo que toda la humanidad procede de África (“Out of Africa”), todos deberíamos ir pensando desde ahora en preparar nuestro sepulcro en Tanzania, o en Uganda, o en Gambia, o en… donde más le guste a cada cual.
Atinado también cuando habla del «prêt-à-penser», la comida rápida del intelecto, y seguramente aún no conocía la petición del Primer Ministro francés para que la prensa no airee las zonas de sombra de los atentados «para no alimentar las teorías de la conspiración», cada vez más abundantes. Un verdadero aluvión, diría yo, tanto que la ministra de Educación, Najat Vallaud-Belkacem, de origen magrebí, ha declarado su preocupación por las constantes burlas contra la versión rápida de lo sucedido.
Es posible que Allain Jules tampoco hubiera leído el editorial que escribe Laurent Joffrin para Libération (2), que es el prototipo del «prêt-à-penser». El periodista francés es la voz de su amo, un lameculos que siguiendo la petición del Primer Ministro, se pronuncia contra aquellos colegas que, cumpliendo con su papel, investigan y por eso mismo tienen cada vez más audiencia, a diferencia de los altavoces de la versión rápida y la comida basura del intelecto, cuya difusión cae en picado.
No es posible atenuar la marea de desconfianza, por más que en su desesperación el editorialista clame que las conspiraciones son la «muleta intelectual de los extremistas», la «antesala de la tiranía». La patología conspirativa, dice Joffrin, no es un ejercicio de democracia sino todo lo contrario, un ataque contra ella, y es que hemos llegado a un punto, el capitalismo monopolista de Estado, que en su decadencia repite lo que en el siglo XVIII decía el Rey Sol: «el Estado soy yo». El Estado son ellos y la democracia también son ellos. Lo que se salga de ahí es tiranía, conspiraciones y extremismo. Lo peor de lo peor.
La plaga no son las teorías de la conspiración, sino las mentiras. Las teorías de la conspiración no gustan porque sean «novelescas», como dice Joffrin, sino porque nadie se cree ya nada de lo que cuentan, ni ellos, los periodistas, ni los políticos a los que encubren. Y en efecto es una patología, pero no por parte nuestra, sino suya. Y también es cierto: los enfermos de conspiración somos igualmente «negacionistas». A todo le decimos que no y ahí está el problema porque en África los imperialistas están acostumbrados a escuchar todo lo contrario, «Sí bwana», que traducido del idioma suajili significa «Sí señor». Están acostumbrados a que los esclavos den la razón a sus amos, a tratar con mayordomos, aduladores y rastreros.
El conspiracionismo no es la antesala de la tiranía sino de la democracia, cuya esencia es estar en desacuerdo, protestar y rebelarse. Que en un país como Francia, que en 1793 legalizó el derecho a la resistencia, incluso armada, es preocupante que un periodista como Joffrin califique de «extremistas» a los que buscan, a los que se esfuerzan por descubrir y aclarar cualquier acontecimiento. Estamos en el pleno ejercicio de nuestro derecho y si a alguien eso le parece «extremo» será porque nos lo quiere arrebatar, o nos lo ha arrebatado ya.
Si Joffrin es periodista en París estará al corriente de las declaraciones del general Vincent Desportes en la Comisión de Asuntos Exteriores de la Asamblea Nacional el 17 de diciembre, una sesión abierta en la que el oficial afirmó que el Califato Islámico lo había creado Estados Unidos (3). ¿Se ha creído Joffrin que el general es otro perturbado por las conspiraciones? Y si está perturbado, ¿por qué los diputados le llaman a declarar como experto en la materia?

Kevin Barrett, editor de la revista Veterans Today, declaró el lunes: «Desde hace tiempo el gobierno británico colabora con los extremistas salafistas y wahabitas que manipula y protege para alcanzar sus propios objetivos políticos». ¿Otro perturbado?

La mierda les va llegar a las orejas. Le Point acaba de publicar que Mohamed Merah, autor de los atentados atribuidos hace dos años a los islamistas en Toulouse, trabajaba para los Renseignements Généraux, la policía secreta francesa.
The Guardian publica que los hermanos Kouachi tenían prohibido volar a Gran Bretaña porque estaban en el listado de terroristas del gobierno de Londres. ¿No sabía nada el gobierno francés?, ¿no estaban en sus listados?
¿Cree el gobierno francés que va tapar la matanza del 7 de enero burlándose de las teorías de la conspiración? Yo más bien creo que ellos van a ser los burlados y que algunos de los capos de los siniestros despachos de la seguridad (policía, servicios secretos, militares) acabarán sentados en el banquillo de los acusados dentro de poco, no sólo por ser unos criminales sino también por ser unos mentirosos.

(1) Quand l’Afrique refuse d’être le dépotoir pour terroristes de la France, 23 de enero
http://allainjules.com/2015/01/23/terrorisme-quand-lafrique-refuse-detre-le-depotoir-pour-terroristes-de-la-france/
(2) http://www.liberation.fr/societe/2015/01/20/bequille-intellectuelle_1185032
(3) http://www.agenceinfolibre.fr/general-v-desportes-les-etats-unis-ont-cree-daech/

Deniegan la nacionalidad a un negro de dos años por no estar integrado en España

Un juzgado de Santa Fe, en Granada, se opone a conceder la nacionalidad española a un niño nacido en España de padres senegaleses y que nunca ha salido de España, por considerar que no está «integrado socialmente, debido a su corta edad», según el informe de la jueza.
Lo que el Juzgado no dice es que si el niño no está integrado en España, ¿estará integrado en Senegal, un país que no conoce?, ¿o se trata de un niño desintegrado?, ¿apátrida? Si no le conceden la nacionalidad, ¿cómo quieren que se integre?
Los padres lamentan que se ponga en cuestión su integración después de que en 2013 la hermana mayor del pequeño, que nació en Granada capital, recibiese la nacionalidad. La abogada de la familia entiende que se ha hecho un uso «arbitrario» del concepto de integración.
La nacionalidad por residencia se otorga a los emigrantes que puedan demostrar una residencia legal y continuada en España según su procedencia. Para los países de Iberoamérica y otros como Andorra, Filipinas o Portugal existe un plazo reducido de dos años. Para los que no existe convenio, como Senegal, el país de origen de los padres del menor, existe un plazo general de 10 años. Pero para los nacidos en España o cónyuges extranjeros de españoles, está el mínimo de sólo un año, que sería el aplicable al pequeño.
En cualquiera de estos casos, al pedir la nacionalidad española se debe justificar «buena conducta cívica», es decir, la carencia de antecedentes penales, algo que no concurre en el caso de un menor de apenas dos años. Más abierto a la interpretación, queda «el suficiente grado de integración en la sociedad española». Es en este sentido donde los jueces o funcionarios tienen más margen de interpretación, y aunque su informe al Ministerio de Justicia no es vinculante, sí tiene un gran peso a la hora de que este conceda o no la nacionalidad.
La argumentación del juzgado no se entiende cuando hablamos de un menor que no había cumplido aún los dos años en el momento de solicitar la nacionalidad y nunca había salido de España, por lo que la única realidad que conoce es la española. La jurisprudencia ha matizado mucho el concepto de integración, que normalmente se vincula al conocimiento del idioma, a tener empleo, etc., pero son factores que a un niño tan pequeño no se pueden aplicar.
La jueza también afirma que no se ha acreditado que «la unidad familiar esté integrada económico-laboralmente en España», lo cual se contradice con el informe favorable que hizo otro juzgado en 2013, que no tuvo problemas en reconocer el derecho a la nacionalidad de la hermana mayor. Los padres no sólo llevan 10 años residiendo legalmente en España, sino que ambos han tenido trabajo durante todo este tiempo y actualmente el padre tiene un contrato laboral.
Los padres afirman sentirse tratados con «una gran injusticia» que aparta al menor de «los derechos fundamentales y básicos que ostenta cualquier otro bebé nacido en territorio español» sean sus padres españoles o extranjeros. «Entendemos que estamos suficientemente integrados en España y así nos sentimos, y que no debe quedar de la mano de la discrecionalidad administrativa su valoración pues esto sería contrario a la propia Constitución Española», sostienen.
El Juzgado de Santa Fe ya informó contra la petición de nacionalidad de un emigrante boliviano debido a que en su test para comprobar el grado de integración este desconocía los ingredientes del gazpacho. Era una argumentación arbitraria porque tenía pareja e hijos españoles.
Hacemos el mismo test de integración a nuestros lectores: ¿conoce Usted la receta del gazpacho?, ¿y las migas de Murcia?, ¿sabría preparar el pulpo a feira?, ¿la fabada asturiana?, ¿los calamares en su tinta? Pues bien: si no quiere que el juez le prive de su querida nacionalidad española, prepárese. Empiece a ver los programas de Arguiñano.

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