Dos barriles repletos de gas lacrimógeno permanecen enterrados en el remoto pueblo de Kokir, en la provincia de Svay Rieng, cerca de la frontera con Vietnam, en una zona que formaba parte de la ruta de suministro del Ejército norvietnamita a través de Laos y Camboya.
Las labores de retirada de las bombas químicas estaban programadas para febrero; sin embargo, el secretario general de la Autoridad Nacional para la Prohibición de Armas Químicas, Nucleares y Radiológicas, Chey Sun, dijo que los artefactos permanecerán enterrados hasta que no se consigan más fondos.
“Necesitamos dinero para los grupos de trabajo, trajes protectores y sustancias para limpiar el lugar. Necesitamos gente para limpiarlo y dinero. No es tan fácil como ir a los campos de arroz y coger ranas o cangrejos”, dijo Chhey Sun al diario local Cambodia Daily.
Chhey Sun espera contar con el apoyo de los países que ya han contribuido en mayor medida a las labores de retiradas de minas y otros restos de guerra, como Estados Unidos, Japón y Australia.
“No hay suficiente dinero de los Estados Unidos”, dijo Chey Sun al citado medio al estimar un gasto de 3.000 dólares para la retirada de los barriles cuya sustancia no es letal.
En contrapartida, la embajada estadounidense en Phnom Penh asevera que en las dos últimas décadas ha contribuido con más de 114 millones de dólares a eliminar “restos mortales de guerra”.
“Nuestro foco primario es remediar las amenazas más peligrosas, como minas y artefactos sin detonar”, dijo el portavoz de la embajada de Estados Unidos en Phnom Penh, Jay Raman, en un correo electrónico.
Raman asegura además que entre 2015 y 2016 el departamento de Defensa de Estados Unidos llevó a cabo un entrenamiento con las fuerzas armadas camboyanas para identificar e inutilizar contenedores de gas CS y poder neutralizar vertidos químicos.
La controversia por los fondos adicionales llega después de que el primer ministro, Hun Sen, haya pedido en varios discursos públicos recientes a la nueva administración de Estados Unidos que perdone la deuda que Camboya tiene con Washington desde los años setenta y que asciende a 500 millones de dólares.
El embajador de Estados Unidos en Camboya, William Heidt, argumentó a los medios locales la semana pasada que “no está en el interés de Camboya mirar al pasado, si no a como resolver esto [la deuda] porque es importante para el futuro de Camboya”.
Casi 20.000 personas han muerto a causa de minas y bombas sin detonar desde 1979 en Camboya, según datos oficiales, aunque la cifra anual se ha reducido drásticamente de miles de muertos al año en los noventa a menos de cien en 2016.
Aún así todavía quedan cerca de 1.950 kilómetros cuadrados por limpiar de minas y bombas “dormidas”, sobre todo en las provincias del oeste, la zona con mayor densidad de minas por la guerra civil camboyana.
En el pueblo de Kokir, los dos barriles con químicos descansan bajo tierra cerca de una escuela en el interior de una pagoda budista, donde estudian dos centenares de niños.
No lejos de las bombas, unos constructores taladran los cimientos para construir un nuevo edificio dentro de la pagoda, mientras ninguna señal alerta de la presencia del gas lacrimógeno.
“Decidimos hacerlo este año [la retirada de las bombas] porque queremos usar este comedor como lugar para celebrar ceremonias. Los ancianos del pueblo nos dijeron que en 1972 los estadounidenses lanzaron bombas químicas en la pagoda”, dijo uno de los miembros del consejo municipal, Chhun Sakun.
Al ser consultadas, varias familias de la zona negaron efectos visibles en su salud a causa de los barriles y no mostraron interés en la responsabilidad de Estados Unidos.
Sin embargo, Dom Somhon, jefe del pueblo de Kokir de 75 años, considera que Estados Unidos debería “ayudar al pueblo camboyano por lo que hizo en el pasado en Camboya”.