“Construyó [el terrateniente del pueblo]
el panteón encima de la fosa para demostrar quién manda”. En la vida y en la muerte. La frase retrata el desprecio del
“señorito” sobre
“los pobres”. Y simboliza en un pueblo andaluz, El Coronil (Sevilla), el odio de clase y la cruda represión ejecutada en el terror fundacional del franquismo. La tumba ilegal quedó cargada con más de un centenar de víctimas. Su búsqueda está resultando infructuosa.
La tajante oración “es lo que los mayores siempre han contado en el pueblo”. La verbalizan varias mujeres que acuden al cementerio local “para ver la fosa”. “A ver si hay suerte y aparecen todos”, musitan. Pero por ahora no hay suerte.
Las diferentes catas realizadas sobre el terreno no han dado el resultado esperado. “No se han encontrado evidencias” de restos óseos correspondientes a víctimas del franquismo, confirma la directora arqueológica del proyecto, Elena Vera. “Hay que seguir”, dice, agotar todas las opciones, “hasta el último momento”.
“Es cierto que no están apareciendo, como deseamos, pero el trabajo ha sido el correcto y estamos cerrando el círculo de la historia de estas víctimas en un pueblo donde se está haciendo un trabajo excelente de recuperación de la memoria”, analiza Miguel Ángel Melero, coordinador de exhumaciones de la Dirección General de Memoria Democrática de la Junta de Andalucía, administración responsable de los trabajos.
El intento de localización de la fosa común está marcada por los testimonios orales transmitidos en el pueblo durante décadas. Un relato que refleja el intento por subvertir el orden social establecido y la postura de los caciques como respuesta a tamaña provocación de las clases bajas, sometidas a la penuria y la exclusión en aquellos años 30 del siglo pasado.
Como confirma el presidente de la asociación memorialista de El Coronil, Antonio Manuel Mateos: “es lo que siempre han dicho los mayores”. Que los 121 ejecutados por los golpistas en el municipio están arrojados a la tierra abierta en un rincón del camposanto. Justo donde diez años después del inicio de la guerra civil, uno de los terratenientes del pueblo “y de los más significados en el apoyo al golpe de Estado del 36” levantó su tumba. “En una esquina, cuando lo habitual en estos casos es hacer el panteón a la entrada para que sea lo más visible”.
Durante los trabajos “ha aparecido otro testimonio muy valioso y que nos puede dar idea del resultado final de la historia”, cuenta. “Un viejito que tenía 14 años cuando se construyeron los nuevos nichos a mediados de los años 40 nos ha contado ahora que en esa parte, donde nos marcan la fosa, salieron muchos cráneos con agujeros y los cuerpos con alambres alrededor de las manos”. Acabaron arrojados al osario.
Si no hubieran abierto la tierra, “nunca nos lo hubiera contado”, certifica. Y la deriva del relato, el final que apuntan las nuevas pruebas y las viejas historias, significa “que los criminales hicieron un buen trabajo de ocultación” del terror y la barbarie. Que la fosa tapada por nichos y panteones hubiera sido también “desaparecida”.
El proyecto de actuación ha contado con el impulso de la ARMH local y el apoyo del Ayuntamiento de El Coronil. Y la alcaldesa, Maribel Gómez, relata cómo en las calles del pueblo ha encontrado oposición a la búsqueda en el cementerio. “Hay vecinos que me han dicho: ‘¿por qué tienes que hacer eso [abrir la fosa]? ¿No te das cuenta que eso abre heridas?”, confiesa. Expone el testimonio en la presentación del Anuario de intervenciones en fosas comunes de la Junta de Andalucía durante las jornadas memorialistas del municipio.
Un bebé arrojado a una fosa. Una menor violada y asesinada a tiros. Y otros 119 asesinados. Es el relato que las tropas de Franco dejan escrito en El Coronil aplicando el terror como estrategia contra el adversario social y político. Como en todo el suroeste de la península, convirtiendo a Andalucía en la región con más desaparecidos forzados de España: un tercio de las aproximadas 150.000 víctimas.
Uno de los desaparecidos es José Jiménez Galán. Tenía 24 años cuando lo asesinan, “recibo la historia de mi abuela, era su hermano”, apunta Ana García Pérez. “Era un jornalero, de la gente pobre y humilde, y aquí ocurrió bastante que los terratenientes encabezaron la represión”, señala. Ejecuciones masivas en un pueblo “que fue tomado el 18 de julio del 36, algo inmediato”, y donde “no hubo guerra ni resistencia”.
Sobre la búsqueda infructuosa de la fosa, con lágrimas en los ojos, confiesa: “Es un paso más, por lo menos el intento. Han pasado 81 años de esto [los crímenes franquistas] y nadie había hecho nada por decir ‘vamos, a ver qué ocurre’. Ojalá encontrásemos los cuerpos, porque es una forma de recuperar… no la dignidad perdida, porque ellos siempre la han tenido a través de sus ideas y de nosotros, pero sí eso de decir ‘no está en un agujero’, tirados de aquella forma”.
Si no aparecen, “bueno, se ha intentado, y desde luego sí hemos rescatado su memoria para siempre”. Y su nombre, subraya, “va a seguir adelante”, rompiendo décadas de impunidad y silencio. “Y las ideas que ellos tenían las tenemos nosotras ahora y vamos a seguir defendiéndolas”.
Y todos son crímenes sin resolver. Una situación que llevó a este pueblo andaluz a ser el primero del país en denunciar en el Consulado de Argentina en Cádiz estos delitos de lesa humanidad. El Ayuntamiento participa así en la denominada Querella Argentina que investiga el genocidio franquista, en un movimiento en el que contó con el apoyo y asesoramiento del colectivo memorialista local y de la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina (CeAQUA).
“Aparte de la declaración testimonial de hijos y nietos y de organizaciones de familias de víctimas, como representante oficial de un Ayuntamiento sí es la primera vez”, confirmaban a este medio fuentes del Consulado argentino. La petición espera que la justicia argentina “ordene proceder a la comprobación de los hechos objeto de la denuncia, así como de todas las circunstancias relatadas”.
Una “copia certificada” del testimonio y “toda la documentación que se haya aportado como prueba” ha sido enviada al tribunal de Buenos Aires a cargo de la jueza María Servini de Cubría a través del Ministerio de Relaciones Exteriores del país austral. Y ahí se relatan los episodios de muerte violenta acaecidos en El Coronil tras la entrada a sangre y fuego de los “fascistas de la columna Figuerola”. Una “represión de tal magnitud”, en palabras de Antonio Manuel Mateos, que dejó como testigo la fosa que ahora se busca en el cementerio.
Las cifras arrancan en los 121 ejecutados, entre ellos “una niña de 16 años que también fue violada por los falangistas del pueblo que la detuvieron, y un niño de pocas semanas”, según describe la denuncia en la causa argentina contra el franquismo. Pero siguen decenas de fallecidos “en circunstancias no aclaradas”, 14 desaparecidos, 150 condenados a penas de cárcel, “familias a las que se confiscaron todos sus bienes”, “tres personas escondidas como ‘topos’ temiendo por su vida, una de ellas hasta diez años oculta” y “11 mujeres rapadas y obligadas a tomar purgantes”. Y todo el dolor y el silencio que permanece sepultado desde hace 81 años en la fosa de “los pobres” sobre la que el “señorito”, como apuntan los testimonios orales, levantó un panteón.
