Tras el secuestro de Nicolás Maduro por parte del ejército de Estados Unidos, el gobierno encabezado por Delcy Rodríguez parece haber emprendido un viraje económico pragmático y calculado. Su estrategia, presentada bajo el lema de “defender la soberanía frente a la agresión”, busca abrir puertas que estuvieron cerradas durante años, especialmente hacia Estados Unidos.
El primer ministro belga, Alexander De Croo, advirtió que Europa debe actuar de inmediato para abordar la crisis energética o arriesgarse al cierre económico del que costará recuperarse.
Lo que dan con una mano lo quitan con la otra. Hasta mayo de 2023, los usuarios de las compañías eléctricas van a tener que soportar subidas del 80 y el 100 por cien en la factura de la luz, y todo gracias a un nuevo concepto: “Coste tope del gas según RDL 10/2022”.
Se habla mucho sobre de los precios de la luz y el gas. Y se habla mucho de qué hacer con ellos. Las ganancias récord reportadas por las energéticas han sido tan escandalosas, que tanto en la prensa como en el público surge el debate político de una solución a este problema.
Una solución a menudo discutida es la nacionalización, o renacionalización, de los proveedores de energía.
Tanto la Ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, como Podemos han apoyado públicamente esta medida. Discretamente, Ribera apoyó a principios de agosto la idea de fundar una empresa eléctrica pública que aglutine las concesiones hidroeléctricas una vez expire su plazo de concesión. «Yo creo que esto puede ser muy relevante junto a la modificación de las reglas de mercado de generación», llegó a decir.
El espejo es la decisión del presidente francés, Emmanuelle Macron, de nacionalizar el 100% de Electricité de France (EDF), la principal empresa del sector de Francia. El Estado, que ya tenía el 84% de las acciones, se hará cargo ahora del 16% restante.
En el mismo sentido se había pronunciado días atrás el ex primer ministro Gordon Brown, el cual propuso renacionalizar “temporalmente” las empresas que “no consiguen bajar las facturas”. Esta última versión, maś parecida a la opción tomada por el gobierno del PSOE y Podemos (un impuesto temporal a las empresas energéticas cotizadas), contiene una sutileza que para nada es menor.
La historia oficial es que la situación en Ucrania (entre otras cosas) está elevando los precios del petróleo, el gas y la energía en general, aunque España haga compras minoritarias en los países del Este europeo.
Si el producto que vende se vuelve más caro de obtener, sus ganancias disminuyen porque está pagando más por sus materias primas. Si luego aumenta los precios para tener en cuenta los costos adicionales, sus ganancias permanecen iguales .
Las ganancias récord (y crecientes) significa que no hay un aumento en los costes. Es aumento de precios, y cuando todas las empresas del mercado lo hacen, es que están fijando precios, y eso es un delito contra el mercado y los consumidores, máxime en un momento de supuesta «emergencia energética».
Estas ganancias récord no son ningún secreto. Han sido publicadas por multitud de medios corporativos que tienen entre sus principales accionistas a las empresas a las que señalan. ¿Se están pegando un tiro en el pie?. Lo más probable es que no.
El modelo nacionalizador que está en mente no es el que muchos «izquierdistas» tienen en mente y que desde luego celebrarían si lo hiciera el gobierno progresista. Aquí no va a haber despidos de altos directivos, ni entrada de las Fuerzas Armadas en las refinerías. Quien lo piense así se ha olvidado del país en el que vive.
El modelo español es el modelo SAREB o Bankia: un saneamiento contable a cuenta del Estado para luego su reingreso en el «mercado libre», lo que viene a ser una socialización de las pérdidas de toda la vida.
Y si los medios corporativos han hecho semejantes insinuaciones es porque hay algo en mente, alguna circunstancia que va a llevar al Estado a recaudar para sanear. Algo que ya se empieza a intuir en las compensaciones previstas para los «topes a la energía» o que ya ocurre con el subsidio al consumo de combustible, donde previamente las compañías subieron tanto los precios que la recaudación vía impuestos es similar a cuándo éstos se encontraban dentro de la «normalidad».
El Real Decreto 14/2022 que aprueba las medidas de ahorro energético establece disposición adicional segunda establece una aportación al sector eléctrico de 1.360 millones de euros procedente de los Presupuestos Generales del Estado de 2022, es decir, que en la práctica, los topes, los límites, las «excepciones» y demás terminología pseudotécnica vuelven a encubrir un engaño masivo para garantizar la transferencia de rentas al gran capital.
El presidente argelino, Abdelmadjid Tebboune, viene haciendo desde principios de año varias declaraciones en las que habla de Italia como si fuera algo más que un país socio.
La poca dependencia española del gas ruso podría hacer pensar que las restricciones y el racionamiento que varios países europeos preparan para el otoño no afectará al consumo nacional. Nada más lejos de la realidad: los compromisos de España con la UE obligan a ceder energía en caso de caída del suministro.
REPowerEU, según la web de la Comisión Europea es un plan comunitario de para «poner fin a la dependencia de la Unión Europea con respecto a los combustibles fósiles rusos». El objetivo es reducir la dependencia de la Unión Europea de los combustibles fósiles rusos y acelerar la transición lejos de las fuentes de energía intensivas en carbono.
El gobierno suizo está estableciendo un grupo de intervención en crisis del sector del gas y un sistema de monitoreo para la detección temprana de una escasez de electricidad inminente, en un comunicado difundido ayer, mientras se prepara para la posibilidad de una escasez de energía «grave».
A medida que los costos de la energía continúan aumentando gracias a las sanciones a Rusia, el diario alemán Bild ha recomendado los alemanes que se duchen menos.
Se publicó en el BOE del 6 de mayo de 2021, sin apenas difusión, una Resolución de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia, Organismo regulador del sector eléctrico, por la cual se aumentaba el techo del precio máximo para el mercado diario eléctrico hasta los 3.000,00 euros el Megavatio hora.