Las tropas israelíes, en colaboración con contratistas civiles israelíes, llevan a cabo una operación a gran escala y bien organizada para procesar y retirar los escombros de los barrios e instalaciones que han destruido en la Franja de Gaza, y luego transportarlos fuera de las zonas bajo su control militar.
Estas operaciones se realizan sin registros oficiales de las cantidades retiradas y sin supervisión independiente, incluso antes de que las comisiones de investigación internacionales y locales hayan tenido la oportunidad de inspeccionar, examinar y documentar los lugares. Esto pone en riesgo la destrucción de pruebas cruciales del genocidio, así como los restos de víctimas cuyo destino se desconoce bajo los escombros.
Israel actúa unilateralmente en zonas cerradas bajo control militar, demoliendo los edificios restantes y luego triturando, mezclando y transportando los escombros antes de que equipos forenses, expertos en pruebas y especialistas en municiones sin explotar puedan examinar, documentar y preservar los sitios, así como cualquier evidencia y restos humanos.
Se han retirado, triturado o trasladado al menos 10 millones de toneladas de escombros de sus sitios originales en zonas bajo control militar ilegal israelí, que comprenden aproximadamente el 66 por cien de la Franja de Gaza.
La Evaluación Rápida de Daños y Necesidades en Gaza, publicada conjuntamente por el Banco Mundial, la ONU y la Unión Europea en abril, estimó que aproximadamente 68 millones de toneladas de escombros se encuentran dispersas por Gaza, según los informes de daños hasta octubre de 2025. Esta cifra no necesariamente incluye los daños causados por las operaciones posteriores de demolición y destrucción.
Al menos 10 millones de toneladas de escombros han sido retiradas, trituradas o trasladadas de sus lugares de origen en zonas bajo control militar israelí ilegal, que abarcan aproximadamente el 66 por cien de la Franja de Gaza.
Alrededor de 400 vehículos pesados de excavación, demolición, triturado y transporte, operados por empresas civiles israelíes bajo protección militar, trabajan en el este y el sur de Gaza. Estos vehículos derriban las estructuras restantes, trituran los escombros de barrios destruidos y cargan los restos en camiones para su retirada.
En las últimas semanas, casi 100 camiones israelíes salen diariamente cargados de escombros de la Franja de Gaza. Estos camiones transportan los escombros a lugares no revelados en Israel y más al sur, en la Cisjordania ocupada. Las autoridades israelíes no han proporcionado detalles sobre las cantidades retiradas, las rutas seguidas, los destinos ni el uso posterior de los materiales. Tampoco permiten la supervisión independiente de la clasificación, el pesaje o el transporte. Esta falta de transparencia dificulta enormemente el rastreo de los materiales transportados, la identificación de pruebas y la recuperación de cualquier resto humano que pudiera encontrarse allí.
La remoción sistemática de escombros a este ritmo oculta las pruebas de los crímenes cometidos en Gaza, en particular los relacionados con el genocidio, como las ejecuciones sumarias y el asesinato de civiles desarmados. Estos sitios requieren un examen minucioso antes de cualquier intervención que pudiera alterar o borrar el escenario del crimen.
Los escombros esparcidos por la Franja de Gaza incluyen lugares donde pudieron haberse producido ejecuciones extrajudiciales y bombardeos dirigidos contra familias enteras, así como sitios donde se sospecha que hay fosas comunes o cuerpos enterrados en viviendas, hospitales, refugios e instalaciones civiles destruidas.
Estos sitios contienen pruebas cruciales para identificar el arma, la cronología del ataque, la posición de las víctimas y los atacantes, las distancias de disparo, la causa y las circunstancias de la muerte, así como fragmentos, proyectiles, casquillos, rastros biológicos y efectos personales.
El triturado, mezcla y transporte de los escombros borran las pruebas, los detalles de la ubicación y conexiones dentro de la escena del crimen. También rompe la cadena de custodia de las pruebas, lo que podría imposibilitar rastrear su origen o vincularlas a un incidente o víctima específicos. Estas pérdidas no se pueden compensar con fotografías aéreas ni testimonios posteriores.
La limpieza es un riesgo para los restos de miles de personas desaparecidas, cuyo número, según estimaciones de la Defensa Civil de Gaza, ascendía a aproximadamente 8.500 en julio. El uso de trituradoras y maquinaria pesada sin evaluaciones forenses previas podría dispersar los restos, mezclarlos con escombros y separarlos de las pertenencias personales y los documentos esenciales para la identificación de las víctimas. Este proceso también podría conllevar el traslado de los restos a lugares desconocidos que posteriormente podrían resultar inaccesibles.
El traslado vulnera el derecho de las familias a conocer el paradero de sus seres queridos desaparecidos y a recuperar y dar sepultura digna a sus restos. Asimismo, viola las normas internacionales que exigen la búsqueda de las víctimas, la recopilación y preservación de su información, y la correcta identificación y registro. Además, la limpieza de los lugares antes de cualquier investigación contraviene las directrices establecidas en el Protocolo de Minnesota sobre la Investigación de Posibles Víctimas de Delitos. Este protocolo hace hincapié en asegurar y documentar los lugares, recolectar pruebas preservando la cadena de custodia y recuperar y examinar los restos mediante métodos científicos que respeten la dignidad de las víctimas y los derechos de sus familias.
Los escombros en la Franja de Gaza no se limitan a la basura. Incluyen propiedad privada y pública, materiales de construcción esenciales como acero, piedra y hormigón que pueden reciclarse y reutilizarse, y otros bienes valiosos que los palestinos necesitan para reconstruir sus hogares, carreteras e infraestructura. También pueden contener títulos de propiedad, documentos oficiales y efectos personales fundamentales para los derechos y la memoria de las personas y las familias.
La remoción de escombros y su explotación con fines comerciales sin el consentimiento de los propietarios ni compensación alguna constituye una confiscación ilegal o saqueo. Está prohibido por el derecho internacional y, en particular, por el artículo 33 del Cuarto Convenio de Ginebra.
Estas acciones forman parte de un patrón más amplio que incluye la destrucción de terrenos sospechosos de contener fosas comunes, el asalto y la destrucción de hospitales e instalaciones médicas tras ser identificados como escenarios de crímenes graves, la demolición continua de edificios en zonas controladas por el ejército y la persecución de periodistas palestinos. Además, se ha negado el acceso a las zonas más afectadas a investigadores internacionales y medios de comunicación independientes.
La destrucción deliberada de pruebas se produce mientras el Tribunal Penal Internacional investiga los crímenes cometidos en Palestina, junto con otros casos que caen bajo el principio de jurisdicción universal ante tribunales locales. La destrucción de escenas del crimen antes de que concluyan las investigaciones obstaculiza la rendición de cuentas y socava los esfuerzos de los investigadores y fiscales internacionales para esclarecer los hechos, ya que existe el riesgo de perder pruebas cruciales una vez que se trasladan fuera de Gaza.
La remoción de escombros a gran escala no solo destruye pruebas, sino que también borra los límites de las propiedades, los cimientos de las viviendas, la red vial y los contornos de los barrios. Este proceso priva a los palestinos de los marcadores físicos de sus propiedades y de su conexión con la tierra, lo que dificulta su retorno y la reconstrucción de sus comunidades en su forma original.
La transformación de ciudades y barrios palestinos despoblados por la fuerza en espacios abiertos arrasados bajo control israelí constituye un acto concreto de escalada del desplazamiento de población y la limpieza étnica. Este proceso es inseparable del colonialismo de asentamiento israelí, que consiste en desarraigar a los palestinos, borrar todo rastro de su presencia y rediseñar el territorio sin ellos. Esto sienta las bases para el plan de Israel de restablecer asentamientos en Gaza y desplazar a los residentes palestinos, marcando así una nueva fase de colonización y la continua negación del derecho a la tierra y el derecho al retorno.
La comunidad internacional, incluyendo el Consejo de Seguridad, la Asamblea General de las Naciones Unidas y los Estados Partes del Estatuto de Roma, debe intervenir urgentemente para poner fin a la limpieza y remoción sistemática de escombros de la Franja de Gaza. Asimismo, debe garantizar que equipos internacionales independientes de investigación forense y penal tengan acceso a los lugares de destrucción para evaluarlos y documentarlos antes de cualquier limpieza o transporte adicional, garantizando así la preservación de pruebas físicas para llevar ante la justicia a los responsables del genocidio.
Los países donde tengan su sede las empresas o fabricantes de maquinaria involucrados deben exigir el cese de cualquier acción que pueda conducir a la demolición de propiedades, la destrucción de pruebas o la incautación de escombros. También deben conservar todos los contratos, la correspondencia y los datos operativos pertinentes, y realizar investigaciones independientes sobre la responsabilidad de sus dirigentes.
Cualquier esfuerzo para retirar escombros o reconstruir la Franja de Gaza debe ser dirigido por los palestinos, los propietarios de tierras y las familias de las personas desaparecidas. Estas iniciativas deben garantizar la protección de las pruebas, la recuperación de los restos humanos, la eliminación de municiones sin explotar, la clasificación de materiales peligrosos, la reutilización local de los escombros, la preservación de los mapas catastrales y el tejido urbano, e impedir que la reconstrucción se utilice para consolidar el control o alterar la composición geográfica o demográfica del enclave.
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