Lo que el gobierno te da, el gobierno te quita. Las personas pasan del blanco al negro en menos que canta un gallo. Más de 350.000 haitianos perdieron su estatuto legal en Estados Unidos el 27 de julio. Desde entonces, los asaltos a las viviendas para localizarlos y deportarlos han sido reemplazados por pulseras electrónicas.
La policía de emigración ha cambiado sus métodos. En lugar de operativos masivos en los barrios, envía cartas solicitando a los beneficiarios del antiguo Estatuto de Protección Temporal que se presenten en sus oficinas. Atraen a las personas a sus oficinas, ya sea para detenerlas o para colocarles una pulsera electrónica.
A quienes se presentan se les ordena no viajar a más de 120 kilómetros de sus hogares y regresar para una audiencia judicial programada aproximadamente un mes después.
En Salisbury, Maryland, la asistencia dominical a una iglesia frecuentada por los haitianos se ha reducido a la mitad. Una boda y clases de inglés que se impartían allí fueron canceladas por temor a controles. Documentos internos mencionan un plan dirigido específicamente a Ohio, estado con una importante comunidad haitiana, particularmente en Springfield, ciudad a la que el presidente acusó, sin pruebas, en 2024 de que los haitianos comían mascotas.
Según la cadena CNN, en los últimos días se han producido al menos cinco detenciones de personas que perdieron su Estatuto de Protección Temporal en Arizona, California, Indiana y Maryland.
El Tribunal Supremo avaló la derogación del Estatuto para ciudadanos haitianos y sirios el 25 de junio. Un juez dictaminó en febrero que esta decisión estaba motivada en parte por animosidad racial, citando comentarios ofensivos del presidente y del exsecretario de Seguridad Nacional sobre Haití. Sin embargo, el Tribunal Supremo determinó que las declaraciones no eran abiertamente racistas y que la ley prohibía a los tribunales revisar este tipo de decisiones migratorias.
Esta política no se limita a Haití. Desde el regreso de Trump a la Casa Blanca a principios del año pasado, Washington ha incrementado el número de acuerdos de deportación a terceros países, a menudo sin relación con la nacionalidad de los expulsados. Más de 250 venezolanos fueron enviados a El Salvador y detenidos durante varios meses en una prisión especial, sin pruebas ni juicio.
En enero de este año, nueve migrantes fueron deportados discretamente a Camerún, país del que ninguno era originario; ocho de ellos, sin embargo, contaban con protección legal en Estados Unidos que los eximía de la deportación. Ruanda, por su parte, ha accedido a acoger a 250 personas deportadas de Estados Unidos, sumándose a la lista de países africanos y latinoamericanos contactados por Washington, algunos bajo presión por amenazas de revocación de visados.
El fin del Estatuto de Protección Temporal de Haití coincide con la clasificación del país caribeño en la Categoría 4, el nivel de alerta más alto para sus propios ciudadanos, debido a la delincuencia, los secuestros y la inestabilidad política.