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La teoría política de nuestros días parte de socializar entre la población la idea de que, de manera preexistente, las personas que forman una sociedad son caóticas por naturaleza, y que necesitan orden y disciplina por el bien de todos. En la Edad Media, aparecían figuras políticas como el monarca, que sintetizaba ese concepto, pero que tenía un límite infranqueable: el derecho de los gobernados a eliminarlo si no obraba en consecuencia. Leer más
Un anciano ha muerto tras recibir la vacuna del coronavirus en el asilo de Cimadevilla, en Asturias, la mitad están contagiados, así como cinco trabajadores del centro.
El asilo es un centro privado gestionado por la parroquia de San Pedro y, a pesar de que los ancianos están aislados, hay un muerto, 22 contagiados después de recibir la vacuna: 17 de sus 34 residentes y cinco trabajadores, según la Consejería autonómica de Salud (1).
El brote se detectó el 29 de enero, y afecta en su mayoría a mujeres de edad muy avanzada. De los 17 contagiados, 16 han sido trasladados al hospital de la Feria de Muestras, denominado H144, aunque también hay usuarios en Cabueñes, Jove y Cruz Roja. Solo una usuaria permanece aislada en la residencia: se trata de una mujer de 102 años que es asintomática.
La mayor parte de los ancianos no muestra síntomas graves, aunque uno ha fallecido. Todos los ancianos y trabajadores fijos recibieron las dos dosis de la vacuna. La segunda inyección se administró el 19 de enero.
Sin embargo, al menos a dos trabajadoras temporales no las vacunaron y personas cercanas a ellas también han dado positivo y están en cuarentena.
“La vacunación hace que los brotes en las residencias provoquen síntomas más leves”, dice el diario ABC (2) para lavar la cara a la campaña de encubrimiento.
La doctrina ha vuelto a fracasar. La teoría dice que a la semana de recibir el segundo pinchazo se obtiene ya una inmunidad casi total al virus. Pero en el caso de Cimadevilla el brote se localizó diez días después.
En el asilo viven tres sacerdotes, entre ellos el propio párroco de la iglesia, Javier Gómez Cuesta, y ninguno de ellos está contagiado.
Tras el desastre, llega la hora de las explicaciones absurdas. La dirección del centro dice que el origen del brote se pudo haber producido por culpa de los trabajadores, ya que los ancianos “no estaban recibiendo visitas del exterior”.
En España el número de muertos en los asilos tras recibir la primera dosis de la vacuna es de 166, un número insuficiente para que acaben con la pesadilla porque el silencio y las complicidades están muy extendidos.
(1) https://www.elcomercio.es/gijon/residencia-cimadevilla-sufre-brote-10-dias-despues-segunda-vacuna-20210204000634-ntvo.html
(2) https://www.abc.es/espana/abci-vacunacion-hace-brotes-residencias-provoquen-sintomas-mas-leves-202102041528_video.html
Desde que comenzaron las vacunaciones, el número de muertes que se imputan oficialmente al “covid” en Gribraltar ha aumentado un 525 por ciento. Oficialmente no mueren a causa de las vacunas sino del coronavirus. Sin embargo, ni las “nuevas cepas” ni las antiguas explican el aumento de fallecidos (1).
Las estadísticas del gobierno colonial muestran que el primer “caso” de coronavirus en la Roca apareció el 18 de marzo del año pasado y la primera muerte se produjo el 1 de noviembre. El número total de muertes aumentó a seis el 22 de diciembre, cuando se identificó por primera vez la “nueva cepa”. Entre el 22 de diciembre y el 10 de enero, la “nueva cepa” causó seis muertes más, lo que eleva el total a 12.
Gibraltar comenzó a desplegar la vacuna el 10 de enero y el 30 la mortalidad atribuida al coronavirus aumentó a 75, lo que supone un aumento del 525 por ciento en un período de 20 días, después de casi 10 meses de pandemia que sólo habían matado a un puñado de personas. El incremento es, pues, consecuencia de la vacunas.
El 29 de enero, cuando el número de muertos ascendía a 73, el Ministro Principal de Gibraltar, Fabián Picardo, dio una rueda de prensa. Tras lamentar “el mayor número de muertes por una sola causa” en la historia de Gibraltar, animó a la prensa a “situar la catástrofe en su contexto”, o sea, les recomendaba que disimularan la matanza que habían llevado a cabo.
Cumpliendo con su cometido, los inquisidores también se apresuraron a negar cualquier relación entre el aumento de muertos y las vacunas. Citaron una declaración del gobierno colonial, que afirmaba que sólo habían muerto seis personas vacunadas.
En Gibraltar la primera dosis de inoculación para los cuatro grupos de riesgo mayores se completó en 19 días, lo que significa que todos los habitantes de la Roca mayores de 70 años y los de alto riesgo habían sido vacunados.
A partir del 10 de enero los medios de comunicación locales han descrito, día por día, el incesante goteo de ancianos muertos en los asilos. El 17 de enero el Gibraltar Chronicle informó de que 13 ancianos habían muerto en dos días: “Todos los fallecidos ese fin de semana, excepto tres, estaban al cuidado del Servicio de Hogar de Ancianos. El más joven a principios de los años 70, el más viejo a finales de los 90. Todas fueron registradas como muertes de Covid-19”.
Al día siguiente, Picardo aseguró que sólo seis de las 61 personas que murieron en el período de 19 días entre el inicio de la vacunación y su declaración habían sido vacunadas, a pesar de que un total de 12 gibraltareños habían muerto “a causa del coronavirus” en los 10 meses anteriores.
Los investigadores no verificaron nada, no hicieron ninguna investigación. Utilizaron las declaraciones oficiales de Picardo para defender la campaña de vacunación. Lo demás no les interesa en absoluto.
(1) https://www.ukcolumn.org/article/why-there-correlation-between-vaccine-rollout-and-increased-covid%E2%80%9319-mortality
(2) https://www.chronicle.gi/devastating-weekend-as-gibraltar-loses-13-people-in-two-days-to-covid-19/
La Fiscalía acusa de homicidio imprudente a Miguel Ángel Rodríguez Cañas, médico de un asilo de Madrid en el que fallecieron 54 ancianos en la primera ola de la pandemia.
Se trata de La Purísima Concepción, también conocida como Fundación Catalina Suárez, cuyo médico no siguió el protocolo de la Comunidad de Madrid que limitaba los traslados a los hospitales. Entre el 18 de marzo y el 28 de mayo murieron 54 personas en el asilo, que tiene capacidad para 156 plazas.
Más de 100 residencias de Madrid han sido investigadas en relación con la tragedia de la primavera, cuando murieron casi 6.000 mayores dentro de los asilos. Se han abierto procedimientos judiciales contra al menos 16 de ellos: 14 denunciados directamente a los juzgados por los familiares y dos por la Fiscalía.
Según la Fiscalía, el médico del asilo “no mantuvo contacto alguno con el Hospital Universitario Gregorio Marañón, donde se le había designado un geriatra de referencia”.
Los geriatras de referencia de los hospitales madrileños eran los encargados de seleccionar, junto con los responsables de las residencias, qué ancianos debían ser ingresados. Según el protocolo, las personas con mayor dependencia debían ser tratadas en las residencias a pesar de que estos centros no tenían suficientes fármacos, equipamiento médico o personal.
El médico del asilo, Miguel Ángel Rodríguez Cañas, envió cartas a políticos y responsables administrativos quejándose de que el centro no estaba preparado para curar a los enfermos. Debido a que parte de la plantilla estaba de baja por enfermedad, no podían dar comidas o mover a los mayores para evitar escaras.
Durante la pandemia los ancianos no murieron en los asilos: los dejaron morir. No puede estar más claro: ni siquiera les dieron de comer.
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