El lunes Argentina aprobó un Fondo de Reparación Covid-19 para indemnizar a las personas que hayan sufrido los efectos adversos de las vacunas contra el “covid”, en el marco del Plan Estratégico de Salud aprobado en diciembre de 2020.
La Resolución 7/2022 está firmada por Carla Vizzoti, ministra de Sanidad, la misma que puso en marcha el plan de inyecciones masivas, optando en muchos casos de forma coercitiva: despido de los trabajadores no vacunados, estigmatización social y falta de información de los efectos secundarios.
Es el primer país del mundo en el que la máxima responsable de un atentado contra la salud establece también un mecanismo de indemnización. Las vacunas son las elaboradas por Moderna, AstraZeneca, Pfizer, Johnson & Johnson y Sputnik.
Para iniciar el proceso de indemnización, la víctima debe notificar el efecto adverso a través del Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino (SISA). El reglamento determina que es la víctima quien demostrar los efectos adversos ante una Comisión Médica de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT).
La Comisión Nacional de Seguridad y Vacunas (Conaseva) deberá pronunciarse sobre la relación de causalidad entre la vacuna y la patología denunciada en base a “criterios de diagnóstico, temporalidad y exclusión de causas alternativas y podrá solicitar todos los estudios médicos que considere pertinentes”.
Si Conaseva concluye que existe la relación de causalidad, la comisión médica establecerá el porcentaje de incapacidad y lo notificará a los demandantes. Las víctimas podrían beneficiarse de un plan de jubilación anticipada.
Los niños están incluidos. El 2 de julio del año pasado un decreto del gobierno amplió la vacunación contra el “covid” a todas las edades.
Se menciona explícitamente la muerte por la administración de la vacuna. En caso de muerte, un tercero podrá denunciar el nexo causal con la vacuna y el Fondo de Reparación concederá a los beneficiarios una indemnización equivalente a 140 salarios del fallecido. La vida de los desempleados no vale nada en este caso. Pero al menos Argentina reconoce la letalidad de las vacunas administradas.
El coste de los daños será asumido por el Estado ya que, como todas los demás países, Argentina tuvo que exonerar de responsabilidad a las multinacionales farmacéuticas.
El reglamento establece un plazo de tres años a partir de la fecha de vacunación para denunciar la patología, tras el cual la víctima no podrá reclamar.
Hola a todos:
Por el momento, en realidad ni el estado argentino ni ninguno otro va a pagar ni un duro a las víctimas de los venenos covid, por ejemplo reduciendo los sueldos de los funcionarios pusilánimes e irresponsables que toleraron el experimento, o estableciendo multas a los políticos responsables de dar vía libre al experimento.
Esto es así porque el coste de la indemnización lo pagará la población, especialmente la población proletaria, (incluso aunque estén en desempleo, porque está parte de la población la pagará por la vía sin escapatoria del IVA que se aplica también al consumo realizado con los subsidios por desempleo,) incrementándose la deuda pública. Es decir; incrementando la porción tributaria de la plusvalía que aplica la burguesía, o reduciendo otros servicios demográficos, sociales o administrativos, especialmente al proletariado.
Por tanto, mientras esta forma de punción plusvalista (plusvalía tributaria), y de aumento de la cuota de explotación, siga fuera de control con la hipertrofia de la deuda pública extractiva, como imponen la burguesía socialdemócrata posmoderna y sus capitales concentrados monopolistas asociados, los experimentos con la población humana, especialmente proletaria y/ o popular, realizados para conocer en la práctica los procesos, efectos y posibilidades de la nueva tecnología de la ingeniería génetica aplicada a humanos, le seguirán saliendo gratis al capital y sus aliados de clases medias, incluso «de izquierdas».
Y le seguirán saliendo gratis incluso cuando dieran indemnizaciones a algunas de las víctimas de sus crueles experimentos totalitarios, que han sido verdaderos demostradores de poderío ideológico, ausencia de escrúpulos y poder de dominación.
Cada céntimo de deuda pública aumentada tiene que estar plenamente justificado por un servicio útil y real, pero ello no incluye el asumir los riesgos e indemnizaciones medico-científicamente injustificados, del capital concentrado.
Por esto, siendo el capital concentrado, y sus socios socialdemocratas, los principales responsables de los horribles daños causados a las personas con sus venenos covidianos experimentadores, son ellos, y no la población vía deuda pública, quienes deben satisfacer las indemnizaciones a sus victimas.
Es horrible, pero, incluso cuando afirman que indemnizan, siguen abusando de nosotros mientras dicen que nos ayudan.
Sí, creetelo. Un tribunal médico designado por el propio ministerio, claro.