El paraguas de la Ley de prevención del blanqueo de capitales está siendo el elemento clave para imponer, sin grandes anuncios ni solemnidades todo un corralito bancario, sin que nadie se esté dando cuenta.
Con una necesidad imperiosa de que el sistema financiero tenga capital suficiente a disposición para hacer frente a los compromisos adquiridos por el Gobierno con las instituciones financieras, la Agencia Tributaria ha enviado instrucciones a todos los bancos españoles para que todos aquellos clientes que quieran retirar efectivo superior a los 1000 euros, deban justificar las razones y aporten ante la entidad, si ésta se lo requiere, documentación acreditativa de los motivos que ameriten la retirada.
Hasta ahora, la Agencia Tributaria permitía una retirada máxima de 3.000 euros del cajero automático. Para poder obtener una cantidad superior, se tenía que proporcionar un justificante que obtendríamos dentro de la oficina bancaria, con el formulario de prevención, y que automáticamente se notificaba al Banco de España y a la Agencia Tributaria.
Ahora el límite será de 1000 euros por día, aunque la tenacidad en la aplicación de las medidas se dejará en manos de cada entidad y con cada cliente.
El Banco Central Europeo (BCE) calificó recientemente estas reducciones como «desproporcionadas» según un dictamen de la institución, que adviertió además del impacto «adverso e indeseable» en el estado de curso legal de los billetes en euros.
«El BCE considera desproporcionada la reducción del límite de los pagos en efectivo en operaciones en las que cualquiera de las partes actúa en calidad profesional o empresarial a 1.000«, opina el banco central, considerando que dicho tope reduce significativamente la capacidad de los pagadores para utilizar billetes en euros y la libertad de los ciudadanos para elegir cómo pagar. Máxime, señala el BCE, cuando a los no residentes este límite se amplía a los 10.000 euros, por lo que realmente la medida no obedecería a una lucha contra el fraude.