El año que viene el govern tiene previsto exhumar los restos de Cipriano Martos, un militante antifranquista de origen granadino que falleció en 1973 tras haber sido detenido en Reus (Tarragona). Le hicieron beber ácido sulfúrico durante un interrogatorio en el cuartel de la Guardia Civil.
El 27 de agosto de 1973, Martos fue trasladado al Hospital Sant Joan de Reus debido a la intoxicación, donde agonizó cruelmente durante 21 días.
Tras fallecer el 17 de septiembre, los franquistas enterraron su cadáver en una fosa del cementerio de la localidad, sin permitir a la familia asistir a la inhumación ni llevarse el cuerpo a su tierra de origen, entre los municipios granadinos de Loja y Huétor-Tájar.
Una de las reivindicaciones de la familia y de las entidades memorialistas dedicadas a hacerse eco de este caso, es exhumar los restos de la víctima -siguiendo las coordenadas que constan en el registro del cementerio- para poder entregarlos a la familia, una reclamación que ahora está dispuesta a llevar a cabo la Generalitat.
Fuentes de la Conselleria de Justicia han explicado que se trata de un caso singular, identificado y localizado, de una fosa del franquismo situada dentro de un cementerio. “No podemos reparar el daño a esta víctima del franquismo si no exhumamos y devolvemos los restos a la familia, que siempre lo ha reivindicado”, añaden.
Cipriano Martos nació en 1942 en un núcleo rural dentro del municipio de Loja (Granada), en el seno de una familia de campesinos pobres. Emigró en 1969 a Sabadell (Barcelona), donde se politizó, en pleno auge de las organizaciones obreras antifranquistas y donde, en 2019, el ayuntamiento le dedicó una plaza en el barrio de la Plana del Pintor, donde residió.
En Sabadell, Martos se enroló en las filas del Partido Comunista de España (marxista-leninista), una escisión del PCE que propugnaba intensificar las acciones contra el fascismo y no renunciaba a la lucha armada.
Dicho Partido promovió la constitución del Frente Revolucionario Antifascista y Patriota (FRAP). En 1975 el régimen franquista llevó a cabo detenciones masivas de sus militantes. Tres de ellos fueron condenados a muerte y fusilados el 27 de septiembre de 1975: José Humberto Baena, José Luis Sánchez Bravo y Ramón García Sanz.
A instancias de un hermano de la víctima, el caso de Cipriano Martos fue incluido en 2014 en la querella presentada ante los tribunales argentinos por delitos de genocidio y crímenes de lesa humanidad cometidos por el régimen franquista.