Ambos fueron grabados el 22 de noviembre mientras mantenían una charla en persona. En el transcurso de la misma, González afirma: “Vamos a ver, Eduardo. Tenemos el gobierno, el Ministerio de Justicia, no sé qué y tal, y escucha: tenemos a un juez que está provisional… Tú lo asciendes… Yo le digo: ‘A ver, venga usted ‘pa acá’. ¿Cuál es la plaza que le toca? ¿Onteniente?’ A tomar por culo a Onteniente y aquí que venga el titular, que ya me las apañaré con el titular, coño”.
González no está hablando de un supuesto en la transcripción adelantada por La Sexta, sino de un caso concreto, el del juez que ahora le ha enviado a prisión. Eloy Velasco ocupa el Juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional de forma interina.
El expresidente de la Comunidad de Madrid continúa: “Al titular lo quitaron porque era uno que era aparentemente ‘rogelio’… y le dan magistrado de enlace en Londres… no sé, después gana una pasta; o Roma, vive como Dios y el tío no quiere saber nada, claro […] Yo le llamo a este y le digo: ‘oye, ven aquí, el titular aquí y a este… a tomar por culo, pero ¿qué te cuesta esto?’ Y a este tío lo pones a escarbar cebollinos, joder, y ya está, ¿pero qué cojones de chantaje? Pero como todo el mundo ve que esto funciona, pues ancha es Castilla”.
El titular de la plaza de Velasco es Manuel García-Castellón, el juez “rogelio” al que se refiere el expresidente de la Comunidad, por la adscripción progresista del mencionado. Efectivamente, García-Castellón está destinado como juez de enlace en Roma. Estos destinos, como los de las embajadas para la policía, son los premios con los que el gobierno puede recompensar a un juez afín o simplemente enviarlo lejos si es incómodo.
En la argumentación del gobierno siempre hay un resquicio con el que presentar su versión. Con Eloy Velasco consistió en que fue él quien solicitó un puesto en un programa de colaboración en materia de Justicia e Interior entre varios países europeos y latinoamericanos. No es un puesto de juez de enlace, pero en la oferta inicial se ofrecía un sueldo superior a los 120.000 euros anuales, rebajado después ante la queja de otros países participantes en el proyecto.
A la plaza aspiraban ocho jueces, de los que el Consejo General del Poder Judicial, de mayoría conservadora, seleccionó a tres, entre ellos Velasco. El 19 de enero, reunida su comisión permanente, el Poder Judicial propuso finalmente un nombre distinto al de Eloy Velasco como la persona idónea para ocupar el puesto.
Pero un movimiento del Ministerio de Justicia desató la sospecha. El departamento de Rafael Catalá no se conformó con el nombre que seleccionó el CGPJ y reclamó el expediente de cada uno de los tres preseleccionados, donde sí aparecía Velasco. La puerta para que Justicia seleccionara al juez del Caso Púnica quedaba más que abierta, pero la reducción en la oferta inicial del sueldo hizo al juez retirarse de la pugna.
Aun así, Velasco dejará la Audiencia Nacional en junio. El 10 de marzo, tres días después de que González comunicara a su hermano que le estaban investigando, el Consejo de Ministros aprobó varias plazas de magistrado de segunda instancia, entre ellas las tres destinadas a la nueva Sala de Apelaciones.
Entre los requisitos para ser seleccionado se ha incluido poseer la especialidad en penal, algo que pueden alegar pocos de los posibles aspirantes. Uno de los que puede hacerlo es Velasco, como es de común conocimiento en el ámbito judicial. Por supuesto, será el Consejo General del Poder Judicial el encargado de examinar el currículum de los aspirantes y, de acuerdo a esas condiciones, elegir a los tres jueces. Nadie duda de que el actual instructor de la Operación Lezo será uno de ellos.
En una entrevista publicada por El Mundo el pasado sábado, el juez Velasco aseguraba que pedía el destino porque no se le dota de los medios adecuados para combatir la corrupción.
Los manejos afloran desde la frase que encabeza la conversación entre González y Zaplana. El expresidente de la Generalitat afirma: “El problema está en la instrucción, Nacho”. Parece claro que se refiere al porcentaje de jueces progresistas en lo juzgados de instrucción de la Audiencia Nacional. Los concursos para acceder a la Sala de lo Penal han llenado la segunda instancia del tribunal especial de jueces conservadores, algo que no se produce en los seis juzgados de instrucción, donde hay un mayor equilibrio entre las distintas sensibilidades con las que se puede interpretar el Código Penal.
Como ejemplo, los delitos de apología o enaltecimiento del terrorismo. Los jueces Santiago Pedraz y José de la Mata archivaron los casos contra Guillermo Zapata y César Strawberry, respectivamente, pero ambos acabaron en el banquillo de los acusados porque la Fiscalía u otras acusaciones recurrieron las decisiones de los jueces instructores y la Sala de lo Penal les dio la razón.
Zapata es concejal de Ahora Madrid, adversario del PP en el Ayuntamiento. El “problema”, según el razonamiento de Zaplana, estuvo en el juez de instrucción. Un tribunal integrado por dos jueces apartados del juicio de Gürtel por su proximidad al PP rectificaron a Pedraz en tres ocasiones e impusieron sentar a Zapata en el banquillo. Uno de esos dos jueces, Enrique López, es alabado en otro fragmento de la conversación entre Zaplana y González que aparece en el sumario de la Operación Lezo, según fuentes conocedoras del contenido de las intervenciones telefónicas.
La Fiscalía no se libra de las maniobras. González asegura en la grabación: “Vamos a ver, yo creo que a ver si podemos colocar el tema del fiscal anticorrupción, ¿sabes? Y… yo creo que va a ser él. Si sale, es cojonudo. Se llama Moix, es un tío… serio y bueno. Hombre, yo no soy quién, pero yo no me corto en decirle a Rafa: ‘Oye Rafa… ’. ¿Sabes? El aparato del Estado y los medios de comunicación van aparte: o los tienes controlados o estás muerto”. Todavía quedaban tres meses exactos para que se produjera la elección de Moix.
En el caso de que González pecara de falsa modestia, “Rafa” sí que es alguien: el ministro de Justicia, notario mayor del reino. El actual jefe de Anticorrupción, Manuel Moix, apenas lleva dos meses en el cargo, al que accedió superando a otros seis aspirantes, entre ellos pesos pesados de la fiscalía especial, como Alejandro Luzón o Belén Suárez, actual teniente fiscal.
La coartada en este caso fue el Consejo Fiscal, al que el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, se comprometió a consultar. Sin él, no habría nombramiento a dedo. Y el Consejo Fiscal apoyó al candidato del fiscal general elegido por el PP. Un Consejo Fiscal en el que la asociación conservadora cuenta con mayoría.
Moix logró el apoyo de los seis fiscales elegidos en la lista de la mayoritaria Asociación de Fiscales (AF, de orientación conservadora). Por su parte, Alejandro Luzón, el fiscal del caso Bankia, consiguió dos de los tres votos de la Unión Progresista de Fiscales (UPF) y los dos de los miembros natos del Consejo Fiscal (teniente fiscal del Supremo y jefe de Inspección). Finalmente, el fiscal de Anticorrupción Antonio Romeral (responsable de los papeles de Bárcenas) obtuvo uno de los votos de la UPF.
