La presidenta, Isabel Díaz Ayuso, aseguró hace un mes que la sensibilidad de las pruebas alcanzaba el 92 por ciento y presentó la operación de compra como un ejemplo de buena gestión frente a los problemas con los que se había topado el Ministerio de Sanidad en operaciones similares. “Los hemos testado con un estudio de microbiología en el hospital de La Paz y nos dan más sensibilidad y confianza que los que nos ha dado el Gobierno”, aseguró entonces Ayuso.
El documento del Servicio de Farmacia de la Dirección Asistencial Sureste, al que ha tenido acceso EL PAÍS, rebaja sin embargo la sensibilidad de los test al 79,4 por ciento y otorga resultados aún menos precisos en los otros indicadores. El 36 por ciento de los positivos, por ejemplo, son en realidad falsos positivos. Y otro indicador, la denominada especifidad —el porcentaje de personas sin anticuerpos que dan por tanto un resultado negativo— asciende al 74 por ciento, por lo que en uno de cada cuatro casos obtiene un falso positivo.
Estos porcentajes también están muy por debajo de lo prometido por el fabricante, que defiende tener una fiabilidad del 85 por ciento al 100 por ciento, según el tipo de anticuerpo e indicador. El documento está fechado en el mes de mayo (aunque no especifica el día) y recoge que las pruebas de fiabilidad han sido realizadas en “un laboratorio de microbiología de la comunidad”.
El Gobierno regional, que el martes declinó ofrecer su versión, pretende extender el uso de estos test a todos los sanitarios, iniciativa que se está topando con resistencias entre los propios trabajadores (y varios hospitales), que dudan de la fiabilidad de estas pruebas y no consideran que sean las que necesitan en un momento en el que el número de sanitarios contagiados no deja de aumentar. Según los datos de Sanidad, ya son casi 44.000 en toda España, y han subido un 40 por ciento en dos semanas.
Estos análisis miden la presencia de los anticuerpos que el organismo produce cuando identifica la presencia de un virus. Los primeros en surgir son los IgM y los últimos, los IgG. Según cuál halle, la prueba puede detectar una infección en curso o una ya pasada.
Los test comprados por Madrid son de Biozek Medical, una compañía de los Países Bajos que en su página web se define como especializada en productos diagnósticos. La empresa no respondió ayer a la petición de información que le hizo llegar este diario. La iniciativa del Gobierno de Ayuso ha causado malestar entre organizaciones sindicales y profesionales de atención primaria de Madrid.
“No tiene sentido extender el uso de unos test que tienen una fiabilidad dudosa y tampoco sirven para sacar datos epidemiológicos, ni modificar tu conducta en el puesto de trabajo”, afirma Rosa Vicente, secretaria de Sanidad del sindicato CSIT. La Comunidad tenía previsto utilizar los test con los 86.000 trabajadores del Servicio Madrileño de Salud, aunque la cifra final iba a ser mucho menor, ya que varios de los grandes hospitales están haciendo este tipo de estudios por su cuenta con las pruebas Elisa, más complejas y fiables. Otros, como el de Getafe, han renunciado en las últimas horas a utilizarlos, según CSIT.
La gestión de estas pruebas ha acabado por provocar una sensación de agravio entre los profesionales de atención primaria (algo más de 13.000). “Al final, test rápidos que no sirven para conocer nuestro estado real frente al virus los van a utilizar solo con nosotros. Mientras, las técnicas de seroprevalencia bien hechas como el Elisa, más fiable, son las que están haciendo al personal de muchos hospitales. No entendemos por qué y qué nos hace diferente al resto de compañeros”, lamenta un facultativo de un centro de salud de Vallecas.
Este malestar ha trascendido en notas como la suscrita por todo el personal del centro de salud de Ibiza, en la capital, en el que también constatan que “estos test no sirven para los profesionales sanitarios” y califican de “discriminación” el uso de distintas pruebas en centros de salud u hospitales. “La evidencia es clara: para estudio de profesionales sanitarios el indicado es Elisa”, concluye el escrito.
Un informe reciente de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (SEIMC) no recomendaba este tipo de test rápido entre el personal sanitario al “no ser del todo fiables, como se ha comprobado cuando estos métodos se han evaluado por el Instituto de Salud Carlos III y centros colaboradores”.
José Miguel Cisneros, jefe de servicio de enfermedades infecciosas del Hospital Virgen del Rocío (Sevilla) y expresidente de SEIMC, considera que “se han generado unas expectativas inadecuadas” con los test rápidos. “Son pruebas que pueden servir para un paciente concreto en una determinada situación, pero no tienen la fiabilidad para el diagnóstico de un profesional asintomático”, afirma.
Para Cisneros, el uso de estas pruebas entre personal tiene incluso “un peligro, que es que alguien se sienta protegido tras tener un resultado positivo al pensar que ya ha pasado la infección”. “Con la fiabilidad de estas pruebas y la incertidumbre que tenemos sobre la inmunidad que deja el virus, todo trabajador debe utilizar siempre los equipos de protección como las mascarillas”, concluye.
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