La agitación causada por las protestas de los tractores en Francia pronto podría ser seguida por los agricultores españoles, ya que ellos también se están preparando para unirse a sus homólogos europeos en manifestaciones generalizadas.
Estos acontecimientos se producen tras la ola de protestas en Francia, donde los agricultores bloquearon numerosas carreteras e impidieron el acceso a París en las últimas horas.
En Alemania, el gobierno de Olof Scholz ha recortado los presupuestos, lo que ha provocado el fin de las subvenciones al diésel agrícola. Este hecho tuvo lugar recientemente y provocó el descontento entre los agricultores.
Al otro lado de la frontera, en Francia, el gobierno tuvo que dar marcha atrás en el aumento de los impuestos al diésel agrícola y ofreció compensaciones a los ganaderos, tras el revuelo por cuestiones relacionadas con los precios y el aumento de los costos de producción que hicieron que la agricultura no fuera rentable.
Pero en el caso español, los reclamos apuntan a la competencia de la producción agrícola marroquí, país al que trasladaron las principales empresas agrícolas españolas a finales de la década del 2000, a los fines de aumentar beneficios y que, por ser producción extracomunitaria, no le pesan las mismas imposiciones de la UE, lo que está llevando a una competencia de precios a la baja en origen, y aparte, un incremento de beneficios sin parangón en la intermediación que realizan los supermercados.
Más allá de estas cuestiones nacionales, existe un descontento colectivo hacia el Pacto Verde Europeo y la nueva Política Agrícola Común (PAC) para 2023-2027.
Para evitar que en España se reproduzcan las imágenes de protestas de agricultores que se han dado en varios países europeos, la Guardia Civil ha desplegado un dispositivo de infiltración en los diferentes grupos de WhatsApp que están motorizando las «tractoradas sorpresa» que se preparan para los próximos días, tratando de infectar los móviles de los participantes mediante el software espía FinSpy, una herramienta de seguimiento de teléfonos móviles cuyos derechos el gobierno español adquirió entre 2012 y 2014, según Wikileaks.
El mecanismo con el que se habría infectado los móviles de los participantes de estos grupos es sencillo. Bastaría que uno de los usuarios de estos grupos (un infiltrado de la Guardia Civil), normalmente abiertos, compartiera un enlace o archivo infectado que fuera descargado al teléfono de la víctima, para poder controlar toda la actividad que los agricultores compartan a través de sus dispositivos.
Gracias a este método, completamente ilegal, la Benemérita ha sido capaz de recopilar información personal como contactos, mensajes SMS/MMS, correos electrónicos, calendarios, ubicación GPS, fotos, archivos en la memoria, grabaciones de llamadas telefónicas y datos de los sistemas de mensajería más conocidos: WhatsApp, Telegram, etc.
Esta infiltración sin orden judicial ha permitido a las diferentes comandancias de la Guardia Civil, fuerza de seguridad que tiene el control operativo de la mayoría de las zonas donde arrancarían las protestas, adelantarse a las mismas y tomar posiciones para que los agricultores no obstruyan las principales vías de la península durante la semana que arranca el 5 de febrero de 2024.
Se trata de una investigación prospectiva completamente prohibida en el ordenamiento jurídico español.