El 18 de noviembre el Parlamento alemán aprobó la Tercera Ley de Protección de la Población ante una Situación de Epidemia. Votaron a favor el CDU, la socialdemocracia y Los Verdes. En contra los neonazis de AfD, los liberales del FDP y La Izquierda (Die Linke).
Antes de la modificación de la ley, los tribunales alemanes habían destacado repetidamente que el toque de queda y demás medidas restritivas de derechos carecían de una base legal suficiente.
El debate se celebró en medio de multitudinarias manifestaciones populares de protesta, todas ellas convocadas ilegalmente, sin mascarillas y sin guardar ninguna distancia de seguridad. La policía las dispersó con cañones de agua y aerosoles de pimienta.
La nueva ley es un estado de guerra apenas disimulado en medio de pretextos sanitarios. El artículo 7 enumera los derechos constitucionales que pueden ser suspendidos temporalmente: libertad personal, derecho de reunión, libertad de circulación e inviolabilidad de domicilio.
Como es natural, el artículo 28 de la nueva ley otorga carta blanca al Ministro Federal de Sanidad y a los gobiernos de los Estados, incluso para suspender derechos constitucionales.
Expresamente el nuevo artículo establece “la prohibición de reuniones o manifestaciones“ y “reuniones religiosas o ideológicas“ y “la prohibición de entrar o visitar instalaciones … como asilos de ancianos o de ancianos, instituciones de apoyo a los discapacitados, maternidades u hospitales y de visitar a familiares cercanos”, que sólo son posibles en la medida en que “la contención efectiva de la propagación de la enfermedad (Covid-19) se vea considerablemente amenazada”.
No obstante, el artículo tambiém previene que “las medidas de protección no deben conducir al aislamiento completo de individuos o grupos”, debiendo garantizarse un nivel mínimo de contacto social.
En el futuro, el estado de guerra será de cuatro semanas, con la posibilidad de prorrogarlas si es necesario, siempre que haya una “epidemia de importancia nacional”.