Las protestas fueron provocadas por la decisión que tomó el mes pasado el Tribunal Supremo Electoral de retrasar las elecciones generales por segunda vez este año, con el pretexto del coronavirus. Se suponía que se llevarían a cabo el 6 de septiembre, pero ahora se han pospuesto para octubre.
Los opositores al gobierno en la clase trabajadora y las zonas rurales de Bolivia han acusado a la presidenta golpista, Jeanine Añez, de utilizar las demoras para salvar una campaña electoral que naufraga y redoblar la persecución a los opositores.
Los manifestantes han pedido al tribunal electoral que restablezca la fecha anterior de la elección o, al menos, garantice que no habrá más demoras.
Bolivia, que la clase trabajadora emplea porque siente que no tiene otra
forma de expresarse. La geografía montañosa del país implica que, bien
posicionados, unos pocos bloqueos de carreteras pueden aislar a las
principales ciudades y paralizar el país, una vulnerabilidad que ya fue aprovechada por los partidarios rurales de Evo Morales con éxito en el pasado.
Morales, el primer presidente indígena de Bolivia, fue derrocado en noviembre después de un Golpe de Estado.
Exiliado
en Argentina, Morales sigue demostrando que cuenta con la lealtad de
muchos miembros de la mayoría indígena de Bolivia, quienes lo ven como
un dirigente que les dio voz política por primera vez en los casi 200
años de historia independiente de la nación.
Luis Arce, el
candidato presidencial del partido de Evo Morales, encabeza las
encuestas. Esto ha suscitado temores entre los golpistas de que regrese
al poder después de octubre.
Los disturbios en Bolivia son un presagio de lo que vendrá en otras
partes de América Latina, donde los trabajadores no confían en que sus
gobiernos sean capaces de mitigar la crisis económica.
América Latina está sumida en la recesión más profunda en, al menos, un siglo, según la ONU.
“La gente está muy molesta y muy comprometida”, dijo Lander Marca, trabajador de una radio local en la región boliviana de cultivo de hoja de coca de Chapare, un hervidero antigubernamental cuyos residentes han bloqueado la principal carretera este-oeste del país. “Ellos quieren que sus derechos políticos se respeten”.
Al igual que decenas de otros militantes, funcionarios y periodistas antigubernamentales, Marca fue recientemente detenido y acusado por la policía de violar el orden público. No ha comparecido ante el juzgado y permanece bajo arresto domiciliario casi cuatro meses después de su detención.
El bloqueo ha suscitado el temor de que haya escasez de alimentos y gasolina, lo que ha empujado a multitudes de habitantes en La Paz a las calles para hacer fila frente a los mercados y las gasolineras.
El jueves el gobierno boliviano anunció que rompería los bloqueos a la fuerza si no podía llegar a un acuerdo con los organizadores. La amenaza revivió los temores de un regreso a la violencia política del año pasado, cuando dos decenas de partidarios de Evo Morales murieron durante los enfrentamientos con la policía.
En plena pandemia el gobierno critica los bloqueos porque suponen una amenaza a la salud pública. Los organizadores de la protesta dicen que están permitiendo que el personal sanitario y el combustible pasaran a través de los bloqueos, mientras las fuentes oficiales les responsabilizan de los fallecimientos en los hospitales por falta de suministros.
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