Son las 7 de la mañana. El banco Unicaja, resultante de la fusión de Unicaja y la antigua Caja Castilla-La Mancha, ha contratado en Guadalajara a una empresa de matones llamada Desokupa Express que mediante integrantes encapuchados impide el acceso a cualquier persona a las oficinas de la C/Francisco Aritio, un antiguo proyecto empresarial fallido que tras su abandono hizo que decenas de familias instalaran su vivienda.
La Policía Nacional y la Policía Local de Guadalajara, que desplegaron unos pocos agentes, asisten a los matones en su cometido y charlan amablemente con ellos. Ni siquiera están identificados. Esto pasó en la capital provincial el pasado 22 de septiembre de 2022. Los medios locales lo calificaron orgullosamente como «la mayor desokupación hecha en España»; una prensa tan cobarde que ha tenido la gentileza de borronear en sus fotos las caras de los que intervinieron en un desalojo tan violento, donde incluso se llegó a desalojar a inquilinos que tenían contrato de alquiler.
El desalojo masivo no tuvo ninguna repercusión judicial. A pesar de que las dos fuerzas de seguridad intervinientes labraron informe sobre lo ocurrido, ningún juzgado de instrucción ha levantado diligencias sobre los dos delitos que concurren normalmente en ese tipo de desalojos: coacciones (impedir la libertad ambulatoria de las personas desalojadas) y allanamiento de morada (ingreso en la vivienda habitual de la persona afectada, independientemente del título por el que la misma lo constituyó como tal).
Es en la práctica un aval judicial a los desalojos mediante matones, que han quedado virtualmente legalizados.
Y es que el clima de impunidad respecto a estos grupos, al que numerosas entidades financieras están acudiendo precisamente porque garantizan un desalojo «expeditivo» y que priva de cualquier clase de derecho a la persona afectada, hace que incluso sea una actividad bien vista en juzgados y tribunales de toda España, que miran a estos encapuchados con cariño y afecto. «Los juzgados van lentos, es normal que la gente busque atajos», llegó a afirmar con condescendencia meses atrás un juez de instrucción de los juzgados de Leganés.
La actividad va creciendo. Y los bancos son los principales beneficiarios y usuarios de estos servicios. Son un ejército privado de soldados anónimos (no se sabe nunca la identidad de sus componentes, solo sus fotografías en redes sociales, plagadas de simbología nazi) que permite a los bancos y fondos buitre un desalojo sin problemas de ley ni de constitución.
En la vecina localidad de Chiloeches, la SAREB, empresa donde el 45% de las acciones están en manos del Gobierno, está aplicando una metodología similar. El Juzgado de Instrucción nº3 de Guadalajara ha autorizado el desalojo, con fecha abierta, de varias viviendas ubicadas en la Calle Baja de Aragón de dicha localidad «ordenando el desalojo inmediato, sin más tiempo que el estrictamente necesario para recoger sus enseres personales». Esto es otro guiño a desalojos como el anterior.
Paradójicamente, la SAREB mantenía un litigio contra otro grupo de personas que vivía en un bloque ocupado del municipio madrileño de Collado Villalba que en la madrugada de ayer fue quemado intencionadamente con sus habitantes dentro. 7 personas fueron hospitalizadas y varias familias lo han perdido absolutamente todo. Objetivo conseguido: la SAREB ha recuperado la posesión del bloque.
Suele ser de perogruyo, pero cuando hay un beneficiario de un delito sin autor conocido, se le suele preguntar si tiene algo que ver con el asunto, e incluso se le cita en calidad de imputado. Pero no va a ser el caso.
INCENDIO PROVOCADO EN LOS BLOQUES DE @SAREB DE LA C/ REAL EN VILLALBA
Han intentado quemar vivas a un centenar de personas.
Esto es consecuencia de la estigmatización mediática e institucional de las personas que okupamos.
Necesitamos difusión: que se sepa esta violencia 🧵 pic.twitter.com/3TDHhqOtY5
— Asamblea de Vivienda de Villalba (@VillalbaViviend) December 28, 2022