En el decreto sostiene que, tras la apertura de las diligencias de investigación en las fiscalías territoriales de los lugares de ocurrencia de los hechos, como son la de Valladolid o Barcelona, ha decaído el objeto de las diligencias de investigación abiertas en la Fiscalía General “que deben por tanto ser archivadas sin perjuicio de mantener en lo sucesivo y con las fiscalías territoriales investigadoras el cauce de comunicación previsto en el artículo 25 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal”.
En el documento firmado por la fiscal general se explica que dada la «gravedad» de los hechos denunciados por el Ministerio de Defensa, que alertó que los militares de la Unidad Militar de Emergencias (UME) estaban encontrando a ancianos muertos en camas junto a mayores abandonados en mal estado, se optó por designar como instructor a un fiscal perteneciente a la Fiscalía del Tribunal Supremo, el ex secretario de Estado Manuel Dolz, para investigar los hechos con el objeto de «facilitar así la urgente obtención y centralización de la información que pudiera obtenerse en la fase embrionaria de la investigación».
A raíz de aquella de denuncia de Defensa, indica Delgado, «se hacía exigible la adopción inmediata de medidas tendentes a su esclarecimiento». De ahí que la fiscal general tardara escasas horas en abrir una investigación sobre la situación en las residencias de ancianos durante la pandemia por Covid-19.
La ex ministra de Justicia subraya que posteriormente se procedió a la apertura de diligencias de investigación en algunas fiscalías provinciales de las comunidades autónomas de Castilla y León y Cataluña, al haberse determinado ya el lugar de ocurrencia de los hechos, por lo que desde la Fiscalía General se acuerda el archivo de las diligencias iniciales abiertas.
https://www.elmundo.es/espana/2020/04/01/5e846dadfc6c83043b8b4614.html
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