 |
| ‘No a los montajes policiales’ |
“Tristeza, rabia y cansancio”. Así se expresa Idoia Goikoetxea, tía de uno de los jóvenes encarcelados, en una carta. Tristeza por una justicia que no acaba de llegar. Rabia por un señalamiento mediático casi sin precedentes. Y cansancio, precisamente, por lo que no dudan en calificar como una injusticia. “Tres jóvenes siguen en la cárcel de Soto del Real en un régimen de especial vigilancia aplicado a terroristas; diez mantienen su imputación en un caso donde lo que menos importa es el suceso del 15 de octubre”, subraya Goikoetxea.
Aquel 15 de octubre Altsasu vivía las “ferias”, una de las principales fiestas populares de su calendario. Sobre las cinco de la madrugada, tras una larga jornada de jolgorio, se produjo una pelea en uno de sus bares. Al día siguiente, los medios empezaron a fijarse en aquel hecho, subrayando que se trataba de una agresión a dos guardias civiles por el mero hecho de serlo. En cuestión de horas, varios medios estatales fabricaron la versión de una supuesta horda de aproximadamente sesenta personas contra dos guardias civiles y sus respectivas parejas. Luego aparecerían las fotos de algunos jóvenes de esa localidad, acompañadas por varios datos personales. Una de las chicas señaladas ni siquiera fue imputada, pero no valió de nada: el diario digital que la señaló no se retractó ni pidió disculpas.
“El pueblo de Alsasua no ha recibido ninguna explicación (mucho menos rectificación) de la actuación de la prensa en aquel momento, que por cargar tintas se metió hasta con los pasos de cebra de la localidad”, ironiza Goikoetxea. Después de un mes de intensa campaña mediática, la Audiencia Nacional ordenó varias detenciones. En total, siete jóvenes fueron enviados a la cárcel, acusados de terrorismo –también hay dos menores imputados-. Cuatro de ellos salieron en libertad provisional en diciembre pasado, pero los tres restantes continúan en Soto del Real bajo régimen FIES, un severo sistema penitenciario que se aplica contra los “terroristas”.
El pasado 24 de marzo, la Audiencia de Navarra rechazó las acusaciones de terrorismo y pidió que el caso fuese nuevamente enviado al juzgado de Pamplona, lo que implicaría que fuesen juzgados por delitos notoriamente menores. Este choque de competencias debe ser resuelto ahora por el Tribunal Supremo. Mientras tanto, la Audiencia Nacional está obligada a paralizar el proceso, lo que abriría la puerta a que los tres jóvenes que siguen encarcelados sean puestos en libertad condicional. “Está obligada, pero no lo hace”, señalaron fuentes judiciales a este periódico.
La ley establece que ante un conflicto de competencias, el procedimiento en cuestión debe paralizarse hasta que exista una resolución firme al respecto. Sin embargo, la sección primera de la Audiencia Nacional esgrime que no ha recibido ninguna “notificación oficial” de que se haya dictado ese auto, a pesar de que ya fue aportado por los abogados de los jóvenes. Ante esa situación, la defensa legal de los imputados teme que se llegue a juicio sin que se haya resuelto cuál es el tribunal competente para juzgarlos, por lo que las garantías de los imputados “están siendo arrastradas”.
El domingo en Altsasu tuvo lugar una manifestación a favor de los detenidos. Poco antes de que comenzara la movilización, la Guardia Civil instaló varios controles “antiterroristas” en los alrededores de la localidad, una de las más militarizadas de Europa.
Las movilizaciones continuarán mañana frente al Monumento de los Fueros de Pamplona, el mismo lugar donde los padres de los imputados realizan concentraciones quincenales junto a representantes de distintos sectores de la sociedad.