Las revelaciones de un ex espía de la policía federal argentina han dado un vuelco a la historia oficial que culpa a Irán del atentado al centro de la comunidad judía de Buenos Aires en 1994, y sugiere el encubrimiento de «grupos de tareas» de la dictadura, que pudieran haber sido los verdaderos responsables.
La bomba que explotó en la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) de la comunidad judía en el centro de Buenos Aires el 18 de julio de 1994 fue uno de los peores ataques terroristas en el hemisferio occidental previos al 11 de septiembre de 2001, matando a 85 e hiriendo 300.
Por más de un cuarto de siglo, los gobiernos israelíes y estadounidense han culpado a Irán de la matanza, citando como evidencia principal el papel de Teherán como el mayor promotor de terrorismo del mundo.
Esta narrativa sigue formando parte de la ofensiva de propaganda contra Irán, y ha sido explotada por la administración de Donald Trump para justificar una campaña de estrangulación económica dirigida a, o bien desestabilizar la República Islámica o alcanzar el cambio de régimen.
Poco después del atentado, Estados Unidos e Israel presionaron con fuerza al gobierno argentino para que implicara a Irán. En ese tiempo, no obstante, funcionarios de la embajada en Buenos Aires estaban bien al tanto de que no existía evidencia concreta para apoyar semejante conclusión.
En un cable de agosto de 1994 al Departamento de Estado, el embajador estadounidense James Cheek se jactó de la “campaña estable” que estaba librando la embajada que “mantenía a Irán en el punto que le corresponde”. En un comentario sorprendente a este escritor en 2007, Cheek concedió: “Que yo sepa, nunca hubo evidencia real” de la responsabilidad iraní.
Bill Brencick, el jefe de la sección política de la embajada de 1994 a 1997, también reconoció en una entrevista en 2007 que las insinuaciones estadounidenses sobre la responsabilidad iraní se basaban únicamente en un “muro de presunciones” que carecían “de cualquier evidencia concreta que conectase aquellas presuposiciones en el caso”.
Brencick recordó que él y otros funcionarios reconocieron “suficiente respecto a una comunidad judía [en Buenos Aires] y una historia de antisemitismo en la que los antisemitas locales tenían que considerarse como sospechosos”. Pero esta línea de investigación nunca se condujo a un nivel oficial, probablemente porque contradecía los intereses del estado de seguridad nacional de Estados Unidos, resueltos a imputar a Irán por el atentado.
Sin embargo, una situación dramática amenazaba con darle un vuelco a la narrativa oficial estadounidense-israelí sobre el ataque de la AMIA. En 2014, el público supo que un ex espía de la Policía Federal se había infiltrado en la comunidad judía de Buenos Aires reveló a dos periodistas de investigación que se le había ordenado entregar unos planos del edificio de la AMIA a su oficial superior.
El espía estaba convencido de que los planos del edificio fueron empleados por los verdaderos responsables del atentado. Su revelación estremecedora provocó una serie de artículos en la prensa argentina.
El recuento del ex infiltrado ofreció la primera señal clara de que veteranos antisemitas de la guerra sucia argentina y sus aliados en la policía y el servicio de inteligencia orquestaron la explosión.
Pero el sistema legal argentino -todavía muy influenciado por la agencia de inteligencia que condicionó la investigación oficial para culpar a Irán, y un fiscal cuya carrera se había basado en esa premisa- testarudamente se negó a investigar la versión del ex policía.
Infiltracióń, tortura, conspiraciones antisemitas
El ex infiltrado de la polícia, José Alberto Pérez, creía que los planos del edificio de la AMIA que él le suministró a la Policía Federal fue el que usaron aquellos que planificaron el atentado. Supo de su curso de entrenamiento policial en contraterrorismo que ese tipo de planos podían ser herramientas valiosas para la planificación de este tipo de operaciones.
Pérez también estaba convencido de que la bomba fue detonada dentro del edificio, en vez de en el frente, y que había sido colocada en el interior de la sede de la AMIA a través de un espacio entre este y un edificio vecino. Expertos de la Gendarmería Nacional llegaron a la misma conclusión, y la filtraron a Clarín, el tabloide más grande de Argentina, apenas dos días después del atentado.
Pérez también suministró evidencia crucial que indicaba que aquellos que lo habían empleado para espiar a los líderes de la comunidad judía los motivaban las mismas creencias antisemitas que llevaron a la dictadura militar a elegir en especial a judíos para tratos crueles durante la guerra sucia en los años 70: su superior en el caso, a quien sólo conocía como “Laura”, le había dado la orden de averiguar todo lo que pudiera en la comunidad judía sobre el llamado “Plan Andinia”.
De acuerdo al supuesto plan, los inmigrantes judíos y sionistas extranjeros tramaban en secreto tomar el control sobre la vasta región de la Patagonia en el sur del país y crear un estado Judío llamado “Andinia”.
El mito del “Plan Andinia” provino del ascenso del antisemitismo como una fuerza social importante en Argentina durante los 30 y se convirtió en un elemento esencial de la narrativa de la derecha antisemita durante los días del apogeo del dominio militar de la sociedad y la política argentina de los 60, pasando por la “guerra sucia” contra la izquierda en los 70.
Al menos el 12 por ciento de quienes fueron sometidos a interrogación, tortura y asesinato durante la guerra sucia fueron judíos, de acuerdo a una investigación de la Comisión de Solidaridad con los Familiares de los Desaparecidos, radicada en Barelona, aunque representen el 1 por ciento de la población. Casi todos fueron interrogados sobre el “Plan Andinia”.
El aguerrido periodista Jacobo Timerman, hijo de padres judíos y cuyo periódico ofrecía una cobertura crítica a la guerra sucia del régimen militar, estuvo entre los detenidos en las prisiones secretas de la junta.
En sus memorias, Timerman recordó cómo se le exigía insistentemente que revelara lo que supiera sobre el “Plan Andinia” durante los interrogatorios extendidos y las sesiones de tortura. Su interrogador se negó a aceptar su respuesta de que todo eso se trataba de pura ficción.
Mientras tanto Israel, que mantuvo con la Junta vínculos políticos y militares fuertes durante toda la guerra sucia, también se mantuvo en silencio a propósito de la detención de periodistas judíos a lo largo de la guerra.
“Iosi” va a la prensa
Por su lado, José Alberto Pérez, arruinado por la culpa de haber posibilitado el atentado terrorista de la AMIA, se volvió una parte integral de la comunidad judía, estudiando hebreo por tres años, casándose con una mujer judía que era la secretaria de un funcionario de la embajada israelí e incluso asumiendo la versión judía de su nombre, José. En la comunidad judía era conocido como “Iosi” Pérez.
Mientras caía en la desesperación, Iosi contactó a los periodistas de investigación Miriam Lewin y Horacio Lutzy para pedirles ayuda. Ambos periodistas habían intentado, por tres años, conseguir apoyo extranjero que le concediera asilo al ex espía fuera del país, sin lograrlo.
Mientras tanto, Iosi había grabado en secreto un video con el prominente periodista Gabriel Levinas, donde contaba cuál era su trabajo penetrando la comunidad judía y la petición inusual por los planos. Levinas publicó un video online a principios de julio, 2014, justo antes de la publicación de la segunda edición de su propio libro sobre el atentado de la AMIA, que ahora incorporó la historia de Iosi.
La publicación de ese video hizo que Lewin y Lutzky arreglaran las cosas para que Iosi se incorporara al Programa de Testigos Protegidos argentino. Los dos periodistas también urgieron al fiscal Alberto Nisman, quien había pasado una década acusando a Irán de los atentados, para que se reuniera en persona con Iosi.
Pero de acuerdo a Lewin, Nisman sólo aceptaría hablar con Iosi por teléfono. El fiscal insistió en llevar a tres de sus empleados a entrevistar en persona a Iosi, recordó en una entrevista con The Grayzone, luego firmó una declaración sobre aquella reunión de julio de 2014 como si hubiera estado presente, y “no manifestó interés por interrogarlo de nuevo”. Según Lewin, Iosi ingresó en el Programa de Testigos Protegidos el mismo día que la entrevista.
“Laura”, la oficial superior en el caso, que para ese momento se había retirado, se le libró de las exigencias de confidencialidad habitual del Ministerio de Seguridad sobre el trabajo de Iosi. Pero ella rechazó su testimonio, de acuerdo a Lewin, alegando que sus informes eran considerados “pobres”. Sus alegatos contrastaban notablemente con los propios informes que obtuvieron fiscales que claramente demostraban que sus hallazgos habían sido evaluados como “excelentes” año tras año.
Lewin le dijo a The Grayzone que ella estaba segura de que Iosi podía haber sido capaz de ofrecer “información sólida sobre la conexión local del atentado”, pero ninguno de los cuatro fiscales que heredaron el caso sin resolver de la AMIA tras la muerte de Nisman estaban dispuestos a continuar siguiendo las pistas que ofrecía.
Lewin se dio cuenta de que varios oficiales de alto nivel de la Policía Federal que pudieran estar involucrados en las decisiones de infiltrar a la comunidad judía y pedir los planos de la sede de la AMIA permanecían activos en 2015. Este hecho ayuda a explicar por qué se dejó que muriera el caso, a pesar de las revelaciones explosivas de Iosi.