El miércoles Rodrigo Duterte compareció en persona en La Haya ante el Tribunal Penal Internacional. Es la primera vez que lo hace desde su traslado a Países Bajos en marzo del año pasado. El expresidente de Filipinas, de 81 años, está acusado de crímenes de lesa humanidad relacionados con la campaña antidroga llevada a cabo durante su mandato.
La comparecencia se produce en un contexto difícil para el Tribunal Penal Internacional, que se enfrenta a una ofensiva diplomática estadounidense y a una serie de retiradas por parte de varios países. No obstante, la tensión no ha interrumpido el enjuiciamiento del exmandatario filipino.
Duterte ya había comparecido ante el Tribunal Penal Internacional en marzo del año pasado, aunque de forma remota. Desde su llegada a La Haya, había evitado varias audiencias presenciales, alegando problemas de salud. Sin embargo, en enero los jueces determinaron que era apto para participar en el juicio.
El miércoles no tomó la palabra en la sala de audiencias. La sesión se centró principalmente en su capacidad para participar en el juicio, que está señalado para noviembre.
El caso versa sobre los asesinatos cometidos en Filipinas entre 2011 y 2019, periodo que abarca parte de su mandato como alcalde de Davao y su posterior como presidente. Los crímenes que le imputan derivan de una campaña de terror dirigida contra personas sospechosas de estar implicadas en el tráfico o consumo de estupefacientes. El Tribunal ha confirmado su competencia para juzgar los delitos cometidos cuando Filipinas aún era parte del Estatuto de Roma.
Cinco Estados han anunciado su intención de abandonar el Estatuto durante el último año: Venezuela, Chad, Burkina Faso, Mali y Níger. Las motivaciones esgrimidas varían según el país. Las autoridades de Mali, Burkina Faso y Níger han denunciado lo que consideran una represión selectiva y le han acusado de ser un instrumento de presión de las grandes potencias.
Por su parte, Chad hizo referencia explícita a conversaciones con Washington antes de anunciar su retirada. Lo mismo ocurre con Venezuela, cuyo gobierno cumple las órdenes que le llegan de Washington.
El cuestionamiento desde África se produce en un contexto en el que varios gobiernos del continente llevan tiempo criticando la forma en que los tribunales internacionales abordan las situaciones en África.
Estados Unidos, por su parte, ha intensificado su campaña contra el Tribunal. En julio Marco Rubio anunció una ofensiva para desmantelar el Tribunal y alentar a sus miembros a retirarse. Washington también ha impuesto sanciones a varios magistrados de la institución, incluida su presidenta, la japonesa Tomoko Akane, y un alto cargo de la fiscalía.