Cuando en la redacción del New York Times se hacen los tontos y dicen que acaban de descubrir el bálsamo de Fierabrás, es que la información ya puede circular “libremente”. Ha salido de las catacumbas; ya se puede hablar de ello y poner al periódico como referencia de que una opinión está bien acreditada.
Por ejemplo, ahora acaban de descubrir que el Doge, el organismo que dirige la purga emprendida por el gobierno de Trump “está construyendo un extenso sistema de vigilancia”, al que relaciona con Musk, como si fuera una novedad (1). Antes, en tiempos de Clinton, Obama y Biden, la “vigilancia en masa” no existía en Estados Unidos.
“Nunca habíamos visto algo así en Estados Unidos”. Es una de esas lacras de nueva factura introducidas por Trump, Musk y otros parecidos, que ya tienen “las herramientas para satisfacer sus muchos agravios al localizar rápidamente información comprometedora sobre sus oponentes políticos o cualquiera que simplemente les moleste”.
Trump, Musk y los suyos van a revisar los registros tributarios para encontrar las direcciones de los inmigrantes. El Doge está usando inteligencia artificial para examinar sus comunicaciones e identificar personas que albergan sentimientos anti-Musk o anti-Trump y, presumiblemente, sancionarlos o despedirlos.
En el periódico se hacen los ofendidos. “Es una reversión sorprendentemente rápida de nuestra larga historia gubernamental de aislar los datos para evitar su uso indebido”. Es una característica definitoria de muchos “regímenes autoritarios”: llenar archivos detallados sobre la población para poder castigar a quienes protestan.
Desde la llegada de Trump a la Casa Blanca, los equipos de la purga están recopilando datos personales sobre residentes de Estados Unidos de docenas de bases de datos y están fusionándolos en una base de datos maestra en el Departamento de Seguridad Nacional.
Es algo que han venido haciendo la Agencia de Seguridad Nacional, el FBI, la CIA y la decenas de centrales especializadas en la represión desde que se inventaron los archivos, los ficheros, las máquinas de escribir y los tipógrafos.
Durov promete no dejar las puertas abiertas a la policía francesa
Francia no necesita a Trump, ni a Musk, ni al Doge para convertirse en uno de esos “regímenes autoritarios”, capaz de detener a Pavel Durov para obligarle a la fuerza a poner los datos de la red Telegram a disposición de los aparatos represivos del Estado.
Aunque Telegram va cediendo cada vez un poco más, Durov asegura que no va a crear una puerta trasera en el sistema de cifrado para permitir el acceso de la policía. “Sería mejor abandonar el mercado francés que ceder a una orden de ese tipo”, dice Durov (2).
El mes pasado, Francia estuvo a punto de prohibir el cifrado. El Senado aprobó una ley que exige que las aplicaciones de mensajería instalen puertas traseras para que la policía acceda a los mensajes privados. Afortunadamente, la Asamblea Nacional la rechazó. Sin embargo, hace unos días, el jefe de policía de París, Laurent Nuñez, volvió a insistir con un chantaje característico: si hubiéramos tenido acceso a las redes sociales, hubiéramos podido impedir los ataques a las prisiones.
Otras veces la policía presiona con el narcotráfico. Durante la discusión del proyecto en el Senado el pasado mes de enero, una enmienda de Cédric Perrin quería obligar a los servicios de mensajería cifrada a entregar las claves a la policía, con el pretexto de la “lucha contra el narcotráfico”.
Afortunadamente, la enmienda no coló, pero la policía vuelve a la carga. Quieren convencer que los ataques a las cárceles fueron obra de narcotraficantes.
Como bien dice Durov, cuando en una red de comunicaciones se abre una puerta trasera, se abre para todo el mundo, no sólo a la policía. Una vez instalada, puede ser explotada por terceros.
El engaño típico de la policía es afirmar que el cifrado está diseñado para proteger a los delincuentes, y no para proteger la intimidad de los usuarios, algo a lo que tienen derecho.
Pero la policía vuelve a la carga de la mano del senador Perrin. “Pronto presentaremos un proyecto de ley de inteligencia que incluirá esta medida”, amenaza.
El derecho a la intimidad en la Unión Europea
El 1 de abril la Comisión Europea publicó un texto llamado “Protección de la Unión Europea: una estrategia europea de seguridad interior”, para permitir a la policía acceder “legalmente” a los mensajes cifrados de los usuarios.
Hasta ahora, Telegram ha acordado proporcionar a la policía las direcciones IP y los números de teléfono de los usuarios con una orden judicial, pero la plataforma nunca ha “revelado un solo byte de mensajes privados”, promete Durov. Si las nuevas normas europeas o francesas le obligaran a hacerlo, “Telegram preferiría abandonar un mercado antes que socavar el cifrado con puertas traseras y violar los derechos humanos fundamentales”.
Desde 2022 está pendiente de tramitación otro proyecto represivo europeo, llamado CSAR (Child Sexual Abuse Regulation) y apodado “Chat control”. El pretexto es luchar contra la ciberdelincuencia infantil y obligar a los proveedores de servicios de comunicación interpersonal en línea (redes sociales, mensajería, correo electrónico, chats, aplicaciones de citas) y a los proveedores de alojamiento a registrar y analizar el contenido de los usuarios, con el fin de verificar que no se trata de pornografía infantil. Un dispositivo que también supondría eliminar el cifrado de extremo a extremo y destruir la confidencialidad de las conversaciones.
Esta propuesta de reglamento está paralizada tras las reservas manifestadas por varios Estados miembros, entre ellos Alemania, Austria, Suecia, Países Bajos, etc. Francia, en cambio, el país que vive del mito de los derechos humanos y de las libertades, la apoya plenamente.
(1) https://www.nytimes.com/2025/04/30/opinion/musk-doge-data-ai.html
(2) https://www.nexus.fr/actualite/news/telegram-contre-les-backdoors/
