El gobierno británico ha aprobado el proyecto de ley para deportar a los emigrantes ilegales a Ruanda. La medida entrará en vigor dentro de unas 10 semanas, aseguró el primer ministro Rishi Sunak.
Después de cuatro meses de debates, el Parlamento ha aprobado el proyecto de ley. Reino Unido y Ruanda firmaron un acuerdo en 2022 para enviar al país africano a los emigrantes ilegales, cualquiera que sea su procedencia, que hayan entrado ilegalmente en Reino Unido, en particular cruzando el Canal de la Mancha en patera.
El proyecto de ley elude así una decisión del Tribunal Supremo que en noviembre dictaminó que era ilegal. Los magistrados británicos enfatizaron que Ruanda no era segura para los deportados, que corrían el riesgo de ser enviados de regreso a sus respectivos países.
Ahora el proyecto de ley define a Ruanda como un país seguro. Sin embargo, a su presidente Paul Kagame le acusan de gobernar en un clima de miedo, de reprimir a los disidentes y la libertad de expresión.
La Cámara de los Lores insistió en que Ruanda sólo debería ser reconocido como un país seguro después de la aprobación de un organismo independiente. También quería que los sicarios, aliados y funcionarios de Reino Unido en el extranjero, incluidos los afganos que lucharon junto a los invasores británicos, estuvieran exentos de la deportación.
El lunes, Sunak aseguró que su gobierno estaba “listo” para deportar a los emigrantes ilegales a Ruanda en un plazo de diez a doce semanas, una vez que se apruebe la ley.
El gobierno ha movilizado a cientos de funcionarios, en particular jueces, para tramitar rápidamente las apelaciones de los inmigrantes ilegales y ha preparado 2.200 plazas para ellos en centros de reclusión, mientras se resuelven sus expedientes.
Han reservado aviones chárter mientras que, según informes de los medios de comunicación, el gobierno ha tenido dificultades para convencer a las aerolíneas de que contribuyan a las deportacioines.
“Ningún tribunal extranjero nos impedirá despegar los aviones”, insistió Sunak, repitiendo el mantra de los conservadores desde que las primeras deportaciones a Ruanda fueron bloqueadas por los tribunales europeos.
El lunes los relatores especiales de la ONU sobre la trata de personas, los derechos de los emigrantes y la tortura advirtieron que las aerolíneas y autoridades que faciliten los vuelos “podrían ser cómplices de una violación de los derechos humanos protegidos a escala internacional”.
Tras alcanzar un récord en 2022 (45.000) y descender en 2023 (casi 30.000), el número de emigrantes que cruzaron el Canal de la Mancha ilegalmente a bordo de pateras improvisadas ha aumentado más de un 20 por cien desde principios de año, en comparación con el año pasado.
