La Fiscalía de Sevilla ha presentado una querella por los delitos de malversación contra la cúpula andaluza de CCOO y UGT, acusada de no reintegrar a la Junta de Andalucía lo recaudado por la gestión de dichas residencias.
El cálculo final de la Guardia Civil hace responsable a CC.OO de la apropiación de 4 millones de euros y a UGT, de 2,7 millones de euros. La querella se dirige contra los ex secretarios generales de CCOO Julio Ruiz y Francisco Carbonero (etapa de 1992 a 2017) y Juana Mancilla y Maribel Hernández en calidad de ex secretarias de Servicios de Comisiones Obreras de Andalucía.
En UGT los denunciados son Manuel Pastrana, ex secretario general entre 1998 y 2009 y su ex secretario de Administración Federico Fresneda, ambos implicados en el cobro de las subvenciones a los cursos de formación.
UGT y CCOO consiguieron del gobierno de Manuel Chaves la exclusividad sobre estas residencias y la Junta está implicada en el desfalco porque consintió la apropiación del botín. En aquella época estaba en manos del PSOE y de quienes participaron en el caso ERE: los ex directores generales de Trabajo Francisco Javier Guerrero, Juan Márquez y Daniel Alberto Rivera.
La Fiscalía los acusa de un presunto delito de prevaricación administrativa por omisión ya que “estaban obligados a requerir a los sindicatos a fin de que ingresaran el dinero procedente de la gestión de las residencias en las arcas públicas o, en el supuesto de no hacerlo, iniciar la vía ejecutiva”.
A las residencias Tiempo Libre sólo iban los que UGT y CCOO querían y el dinero recaudado por las estancias iba a parar en su totalidad a las cuentas privadas de ambos sindicatos, aunque debían pagar a la Junta el 80 por ciento de lo recaudado.
En 2005 UGT y CCOO perdieron la exclusividad sobre las residencias Tiempo Libre gracias a una denuncia de USO y, pesar de que la Junta reclamó el dinero pendiente, nunca lo entregaron.
En 2012 se cerraron y durante años las instalaciones permanecieron vacías.
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