En Nafarroa el Caso Aztnugal (“Laguntza” escrito al revés, una llamada de socorro) se refiere a la persecución padecida a causa de un mural contra la tortura pintado en Burlata en apoyo a varios detenidos (1).
Como podrán adivinar el juez instructor fue Marlaska, actual ministro de Interior, a quien los casos de torturas le salpican por doquier.
El informe encargado por el Gobierno Vasco al Instituto de Criminología del País Vasco y dirigido por el forense antropólogo Paco Etxeberria ha recabado ya los datos de al menos 5.700 personas que afirman haber sido objeto de torturas desde 1960 hasta 2010.
Ayer los representantes del Caso Aztnugal mantuvieron un encuentro con el Foro Social Permanente de Nafarroa (2) para lograr un imposible: que haya un reconocimiento oficial de las víctimas de la tortura. El Estado no va a salir jamás de su solipsismo: si no hay torturas, no puede haber víctimas de las torturas.
La propia delegada del gobierno español en Nafarroa, Carmen Alba, explicó que los murales contra la tortura, como el de Birlata, son injuriosos para las Fuerzas de Seguridad españolas.
No obstante, ambas organizaciones compartieron documentación sobre sentencias e investigaciones y el Foro Social mostró su apoyo a quienes denuncian estas vulneraciones en los tribunales, que en varias ocasiones han contado con el reconocimiento de la justicia europea.
Los representantes de Aztnugal pidieron al Foro Social que desarrolle un trabajo de interlocución con los máximos representantes institucionales de la sociedad navarra para hacer entrega de las sentencias y el informe internacional.
Además solicitaron a sus representantes que hagan de “facilitadores” para impulsar una investigación de carácter oficial al objeto de esclarecer cuántas personas han podido padecer tortura a manos de la policía, la Guardia Foral y la Guardia Civil en Nafarroa.
La representación el Foro trasladó su convicción en cuanto a “la necesidad de formalizar y explicitar el reconocimiento oficial de las víctimas de la tortura” y la necesidad de que desde las instituciones públicas “se den pasos valientes hacia el reconocimiento oficial de las víctimas de la tortura y la visibilización pública de lo que esta vulneración de derechos humanos ha supuesto”.
Su premisa en lo que respecta a derechos de las víctimas es clara: “Todas las víctimas tienen derecho a la verdad, la justicia y la reparación” y “las mismas vulneraciones de derechos humanos, han de contar con idéntico nivel de reconocimiento político y legal, sin tomar en consideración cuál ha sido el agente violento que las ha llevado a la práctica”.
(1) https://www.eitb.eus/es/noticias/politica/detalle/7786881/aztnugal-los-detenidos-quieren-saber-marlaska-sabia-les-torturaron/
(2) https://www.noticiasdenavarra.com/actualidad/politica/2021/01/30/foro-social-pide-justicia-arroje/1115950.html