Dos jueces del tribunal de apelación de Lisboa corren el riesgo de ser «sancionados» por un fallo de 34 páginas en el que justificaron sus razones para liberar a cuatro turistas alemanes del confinamiento en las Azores. El Consejo Superior de la Magistratura (CSM) portugués resolverá hoy sobre el asunto.
El movimiento de redes sociales Juristas Pela Verdade han organizado una protesta frente al edificio del CSM en Lisboa a partir de las 9 de la mañana, describiendo la situación como “un intento de destruir el estado de derecho en Portugal”.
Esto puede sonar como una «cuestión académica», pero va al corazón mismo de la crisis actual: el hecho de que una narrativa oficial parece ser la única «permitida», incluso para los miembros del poder judicial que han estudiado opiniones científicas con el fin de pronunciarse sobre apelaciones.
‘Una autoridad sanitaria no puede restringir la libertad de movimientos’
En este caso, la apelación fue interpuesta la autoridad regional de salud de las Azores, que discrepó de que un tribunal de primera instancia concediera un recurso de hábeas corpus presentado por cuatro turistas alemanes detenidos en un hotel porque uno de ellos había dado positivo después de una PCR de rutina. Ninguno de los turistas mostró ningún síntoma de Covid-19, pero estuvieron aislados en su hotel durante más de 10 días.
Los jueces, Margarida Ramos de Almeida y Ana Paramés, se esforzaron mucho en evaluar si efectivamente existían o no fundamentos legales para el confinamiento forzoso de los turistas. Decidieron que no los había.
Era ilegal que una autoridad sanitaria mantuviera a los alemanes fuera del contexto de un estado de emergencia, que no estaba vigente en ese momento (agosto), y las deliberaciones de los jueces a lo largo de numerosas páginas explicaron minuciosamente la forma en que habían llegado sus conclusiones.
El fallo judicial se basó en informes técnicos
En este contexto, los jueces declararon que no se podía confiar en la prueba de PCR para dar una lectura precisa.
Su razonamiento se derivó del hecho de que la fiabilidad depende siempre del número de ciclos (amplificaciones) implicados en la prueba, de lo que nadie parecía estar seguro.
Citando una investigación publicada en el Oxford Academic, los jueces explicaron que la cantidad de amplificaciones utilizadas en muchos laboratorios europeos significaba que una prueba de PCR positiva podría, en teoría, tener una tasa de falibilidad del 97%.
Esto no era algo que los jueces «inventaran»: estaban citando investigaciones publicadas. De hecho, citaron dos fuentes que sugerían que las PCR estaban abiertas a registrar falsos positivos.
‘Salirse de la narrativa oficial tiene consecuencias’
Jornal de Notícias dio seguimiento a la decisión sugiriendo que el CSM «entiende» que los jueces no deberían haber llegado a la decisión que tomaron.
Los «especialistas» acusaron a los magistrados de estar equivocados y de ser unos irresponsables, y ahora estamos en el punto en el que el CSM debe sopesar las diversas opiniones de los especialistas con las de los dos jueces que adoptaron esta decisión.
Dice Juristas Pela Verdade en un post en el que destaca la protesta realizada hoy, que la decisión de los jueces “cayó como una bomba sobre la narrativa oficial, sobre la base de la cual miles de portugueses han sido ordenados en arresto domiciliario”.
Y analiza la intervención del CSM como “una injerencia inaceptable de un poder administrativo en un órgano soberano del poder judicial, con el objetivo de controlar este último en lo que solo puede caracterizarse como un golpe violento al estado de derecho”.
Dice el movimiento que el mensaje a otros tribunales es fuerte y claro: “pueden surgir consecuencias si deciden en la dirección opuesta a la narrativa oficial”.
Para los ciudadanos, “significa que no pueden contar con la independencia de los tribunales o jueces”.
En opinión de Juristas Pela Verdade, la valoración de los jueces de esta situación no fue «incorrecta» ni «irresponsable», fue “brillante y valiente”.
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