Es en el municipio de Fuentenovilla, donde Vicente ocupó una vivienda abandonada de la urbanización Monte Rebollo, cuya empresa gestora está pendiente de juicio por delito de estafa. La SAREB rescató las deudas que ésta tenía con varias entidades financieras, e insta el desahucio de este jubilado por un delito de usurpación.
Es una historia real, y más habitual de lo que parece. Un jubilado de 67 años que no alcanzó los años mínimos para alcanzar una pensión contributiva, pero que tiene que sobrevivir con 370 euros al mes. Sin ingresos de otra clase; sin vivienda y sin ninguna clase de ayuda.
Es la generación que tras la crisis de 2008 pudo sobrevivir a salto de mata por sus conocimientos técnicos, entre empleo y empleo, y en la economía sumergida. De vivir con ingresos regulares a ir perdiendo año a año, agónicamente, su capacidad de hacer frente a gastos corrientes.
En 2008 se fue a vivir a una nave industrial del polígono INBISA II de Alcalá de Henares, que pudo habilitarla como vivienda, pero fue desahuciado por no poder hacer frente al alquiler. Sus objetos personales, almacenados temporalmente en una nave de INBISA I de Alcalá, se perdieron en gran parte por un incendio provocado en una de ellas.
Llegó en 2016 a Fuentenovilla cuando localizó una vivienda abandonada de la zona de Las Fuentes, una urbanización parcialmente abandonada. En su día estuvo administrada por Residencial Monte Rebollo, una empresa en quiebra y que tiene pendiente un juicio por estafa en la Audiencia Provincial de Guadalajara.
Según cuenta Vicente, «descansé en una cama, por primera vez desde hacía mucho tiempo, y me duché a diario, después de mucho tiempo. Traje las cosas que tenía en el camión, compré unas lonas en el chino por si llovía, y llovió muchísimo en septiembre«.
«Ya tenía esta casa vigilada y trancada con maderos y tableros, para que, no entrase nadie, pues era una casa nunca terminada, sin cables ni puertas, y habían arrancado las ventanas de la pared, y otras simplemente se habían llevado las hojas«.
La historia de la zona de Las Fuentes y Monte Rebollo es la historia viva de la decadencia nacional. Mientras a la sociedad la distraen con los infelices que arriesgan el pellejo para tener una vivienda, el caso de estas promociones de Fuentenovilla reflejan a la perfección quienes se lo llevan todo a manos llenas.
Residencial Monte Rebollo S.A. era una Entidad Urbanística de Conservación, una figura legal que permite a un Ayuntamiento delegar la gestión de servicios de su competencia a una empresa privada (cloacas, agua potable, recaudación, etc.), que en 2011 abandonó la zona a su suerte y en 2012 presentó concurso de acreedores.
Desde esa fecha, los vecinos han presionado al Ayuntamiento de Fuentenovilla para que impulse una batalla legal por algo que el Juzgado de Instrucción nº1 de Guadalajara calificó en su día como estafa, y que se remonta al año 2005, cuando esta empresa se quedaba con el dinero de los contribuyentes y no hacía frente al pago de los préstamos. Según un auto de 10 de enero de 2018 firmado por el magistrado de la Audiencia Provincial de Guadalajara, José Aurelio Navarro Guillén, la causa está pendiente de juicio oral.
Ninguno de sus administradores está en prisión provisional, ni han pisado un calabozo. El único delincuente es Vicente, al que el Juzgado de Instrucción nº3 de la capital, a instancias de la SAREB, ha condenado por un delito leve de usurpación a 180 euros de pena multa (casi la mitad de lo que ingresa en un mes) y a desalojar de inmediato la vivienda.
La SAREB se hizo con ésta y otras viviendas de la zona al serles cedidas durante el proceso de rescate de entidades financieras, cuando el Estado se hizo cargo de las deudas que esta empresa había dejado con sus acreedores bancarios. En el caso de Vicente, la SAREB salió al rescate del Banco Sabadell, uno de los acreedores.
Esta empresa se cuida mucho en sus perfiles públicos de aclarar que «no son una entidad pública». En el apartado de preguntas más frecuentes de su web puntualizan que tienen «el mandato público de vender los préstamos e inmuebles adquiridos a las entidades en crisis», argumento muy importante para que la sociedad entienda a la perfección a qué va el dinero público.
En resumen: delincuentes que se llevan dinero público, bien; empresas que no pagan sus préstamos en perjuicio de los vecinos, bien; dinero público al rescate de este fraude, muy bien; okupar una vivienda en ruinas producto de ese rescate, fatal.
El Juzgado de Instrucción que condenó a Vicente no ha practicado ninguna función de mediación ni apoyo ante esta situación, de la que es conocedora, ya que el propio Vicente intentó aportar en el juicio documentación acreditativa de su situación, que fue rechazada por la jueza. La abogada de la SAREB le propuso, como solución, abandonar en pocos días la vivienda a cambio de retirar la denuncia, que Vicente rechazó.
La Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Guadalajara, que es la que finalmente está abordando la situación con él, se prepara para una batalla en peores condiciones que meses atrás, enfrentando una campaña salvaje contra la okupación que solo busca lavarle la cara a los bancos, y con una sociedad en la que el pobre odia al pobre.
Esa urbanización no está abandonada, por qué no os informáis un poquito antes de publicar estas noticias??