No obstante, su poder económico reside en que administran los planes de salud de sus afiliados, un negocio bastante lucrativo.
Muchas de ellas tienen, además, fuertes vínculos con políticos, así como con asociaciones y clubes de fútbol, que posibilitan actividades como la reventa de entradas, la compraventa de jugadores y el control de los aparcamientos del estadio, actividades que a menudo están vinculadas al blanqueo de dinero negro.
En 2018 el fiscal Sebastián Scalera emitió una orden de deteción contra Pablo Moyano, dirigente del sindicato de camioneros y vicepresidente del equipo de fútbol Independiente. El fiscal le acusaba de dirigir una organización ilegal que lavaba dinero en cooperación con la “barra brava”, los hinchas de Independiente.
A través de la cuenta del club en Liechtenstein el grupo blanqueó 30 millones de dólares, según informó Clarín.
Sólo unos días más tarde el juez Luis Silvio Carzoglio puso en libertad a Moyano por falta de pruebas.
Pablo Moyano es hijo de Hugo Moyano, uno de los más poderosos dirigentes sindicales de Argentina. Hugo y otros miembros de su familia también están acusados de corrupción, lavado de dinero y evasión de impuestos.
Desde 2015 al menos cuatro importantes dirigentes sindicales han sido investigados y encarcelados por corrupción. Contra muchos otros se iniciaron investigaciones penales.
Aquel año Macri llegó a la presidencia con el propósito de acabar con la corrupción sindical, aunque en realidad lo que trataba era de imponer una reforma económica, para lo cual había que poner a los sindicatos contra las cuerdas.