En lo que no debería sorprender a nadie a estas alturas, el presidente Trump tuiteó que está tramitando la inclusión de la organización Antifa, un movimiento similar a las coordinadoras y plataformas que en España tienen el mismo nombre, como una organización terrorista.
Ya en julio de 2019 Trump tuiteó que «se estaba considerando» declarar a Antifa, como terroristas por instigar protestas violentas en varias ciudades de Estados Unidos.
La retórica utilizada por el gobierno norteamericano es la misma que las fiscalías españolas han establecido en las imputaciones que se vienen conociendo en las últimas semanas. Aunque en España la etiqueta de moda sea «delito de odio».
Al igual que sus pares españoles, el Departamento de Seguridad Nacional ha elaborado «informes» que vendrán a avalar dicha decisión. La semana pasada, los senadores Ted Cruz y Bill Cassidy presentaron un proyecto de ley para clasificar a Antifa como «terroristas domésticos», definiéndolo como «un movimiento que combina intencionalmente la violencia con las posiciones de extrema izquierda«. y «representa la oposición a los ideales democráticos de reunión pacífica y libertad de expresión». Parece extraído del programa de Susana Grisso.
El argumento será siempre el mismo: la violencia en las manifestaciones la desata un «grupo de extremistas» frente a los «manifestantes pacíficos» que provocan la necesaria «reacción» de las fuerzas de seguridad que se vé «obligada» y «contra su voluntad» a reprimir y disparar a diestro y siniestro.
Más o menos es como decir que la culpa del asesinato de George Floyd o Íñigo Cabacas la tienen las propias víctimas. El argumentario es a veces repetitivo, pero lamentablemente funciona.